Soluciones para el Rey Heredia
Conflicto social. La salida a la ocupación pasa por gestos de todas las partes, empezando por la Acampada Dignidad, que fue la que se coló en el edificio en octubre de forma irregular
AL final ocurrió lo que estaba cantado que iba a pasar y el Ayuntamiento de Córdoba se va a personar como acusación en la causa penal para dilucidar el desalojo del colegio Rey Heredia, en el Distrito Sur, ocupado por la Acampada Dignidad desde el mes de octubre del pasado año y que se ha convertido en una patata caliente para el equipo de gobierno del PP y el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto. La decisión se ha tomado después de leer atentamente los populares el informe de los servicios jurídicos municipales, con lo que la postura del gobierno local es la que es. "No habiéndose conseguido al día de hoy la restitución en la posesión del inmueble, se considera necesario que este Ayuntamiento ejercite las correspondientes acciones penales, para lo cual la Junta de Gobierno Local, por tratarse de una materia de su competencia, deberá adoptar acuerdo a fin de que por la asesoría jurídica municipal se interese la apertura de juicio oral, formulándose escrito de acusación, interesando el desalojo del inmueble por sus ocupante y la restitución en la posesión al Ayuntamiento de Córdoba, así como se indemnicen los daños causados".
No hay dudas, o eso parece, en la postura del Consistorio, si bien el portavoz del equipo de gobierno realizó algunas matizaciones al respecto, asegurando en varias ocasiones que la determinación las adoptan "obligados" por la defensa de los intereses generales de los cordobeses, con lo cual aún seguimos sin saber si los populares querían o no tomar esa decisión en concreto en este momento. Y es que claro, el PP ha tenido que posicionarse no porque en realidad quisiera hacerlo ahora, sino apremiado por el Juzgado, ya que juez José Luis Rodríguez Laínz, titular número 4 de Córdoba, reclamó al Ayuntamiento de Córdoba decidiera si quiere seguir adelante con la causa y derivar el caso hacia un proceso penal, como así ha ocurrido posteriormente.
En cualquier caso, llegados a esta situación, y por mucho que haya quien quiera rizar el rizo, en Capitulares se ha optado por una vía que es la legal a todas luces, ya que no se hubiera entendido otra cosa desde el punto de vista institucional, puesto que ninguna entidad pública debe aplaudir las formas que se han utilizado para ocupar ese espacio público. Hay quien dice que se pegó la patada en la puerta, mientras que otros aseguran que el portón estaba abierto y decidieron entrar. Da igual. Lo que es evidente es que la situación que generó ese acto debió haberse solucionado con más celeridad e incluso con más determinación por parte de todos. Lo que no parece de recibo es que cuando se va camino de cumplir un año de la entrada en Rey Heredia todavía se esté hablando de lo mismo y no se encuentre una salida a un conflicto que, por supuesto, ni ha creado el Ayuntamiento de Córdoba ni la Justicia, sino quienes decidieron entrar en ese espacio irregularmente hace unos meses.
Otra cosa muy distinta es la evaluación de la actividad que se desarrolla en el edificio por parte de la Acampada Dignidad, que por supuesto es muy loable en lo que a atención social se refiere, desde las clases de apoyo hasta el comedor social u otras acciones que se han ido desarrollando a lo largo de estos meses, pero sin perder de vista que el punto de partida es el que es y que la metodología utilizada por los ocupantes no se ajusta a la legalidad. Así de claro.
¿Cuál es la solución? Pues que todas las partes, todas, pongan más voluntad en el asunto. En primer lugar, la propia Acampada Dignidad, que si como dicen sus responsables se irán un minuto después de que el Ayuntamiento ceda el Rey Heredia al Consejo de Distrito, bien podrían como gesto poner fecha a su salida y exigir después cuanto consideren necesario para el inmueble y para el propio barrio.
En cuanto al Ayuntamiento, de nada sirve demorar ese plan de usos que se supone que se está negociación con el Consejo de Distrito. Sería un avance que se imprimiera más diligencia a ese proceso y despejar así cualquier duda. En cuanto a la Justicia, además de lenta, como siempre, en este caso habría mucho que decir. Pero ese es otro debate.
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