El exalcalde de La Rambla, Manuel Fernández Campos (PSOE), declaró ayer ante el juez que arbitra su presunta culpabilidad en un delito de prevaricación administrativa que la interventora no le advirtió de la existencia de un informe de reparo en la subvención para suministros a la Unidad de Estancia Diurna de la localidad, en el edifico de la Aduana. Fernández Campos declaró en el juicio, que quedó visto para sentencia, que no le avisaron ni la secretaria municipal ni la interventora, que presentó dicho informe por registro de entrada. Quien fuera regidor de La Rambla entre 2007 y 2011 afirmó que "me he fiado de mi interventora y por eso estoy donde estoy".

La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación de Fernández para el ejercicio público durante los próximos ocho años por "prescindir de las normas de procedimiento de contratación". Dicha contratación se hizo con la empresa Priom y adjudicándole directamente el dinero que la Junta de Andalucía les había otorgado para ello, algo más de 28.000 euros. Asimismo, se informó de la prohibición de fraccionar el objeto de contrato de suministros cuando la cuantía supera los 18.000 euros. Con todo esto, según la fiscalía, "se evitó el control administrativo correspondiente al Pleno"; es decir, que no se llevó al Pleno del Ayuntamiento la adjudicación de la subvención.

La interventora del caso, que acudió al juicio como testigo, manifestó que el entonces regidor firmó el citado informe de reparo y que si se siguieron efectuando las acciones de la forma de siempre era porque "si el alcalde dice que algo se haga, se hace". Además, sentenció que Fernández "era conocedor de la subvención al 100%".

Durante el juicio también acudió a declarar el actual alcalde de La Rambla, Juan Jiménez (IU), quien afirmó que cuando llegó a la alcaldía desde intervención se le informó de que había un asunto que tratar, "facturas por pagar". Jiménez declaró que había facturas pagadas referentes a la Unidad de Estancia Diurna para proveerla de mobiliario pero que dicho mobiliario no estaba en el edificio. Por esto, según el actual alcalde, solicitó una reunión con Fernández, donde también estuvieron presentes representantes de la empresa Priom, porque "me quería enterar bien de lo que estaba pasando". En dicho encuentro, y según declaró anteriormente Fernández, Jiménez le amenazó con resolver el problema "si abandonaba mi puesto de portavoz en el Ayuntamiento".

Cuando el Consistorio pasó a manos de IU, el nuevo equipo de Gobierno se vio obligado a devolver la subvención de la Junta de Andalucía. Según leyó el juez antes de las declaraciones, esta devolución, que se hizo a finales de 2011 en forma de reintegro renunciando a una parte de la participación en los impuestos del Estado, no generó "perjuicio alguno a la administración".