La Organización Mundial de la Salud establece como límite de ruido los 65 decibelios de día y los 55 de noche. El último estudio de contaminación acústica de Andalucía, que data del año 1996, ya acreditaba científicamente que se superaban los límites admisibles para la salud, con niveles de ruido ambiental situados en la franja de los 65 a los 75 decibelios.

Frente al ruido, las ordenanzas municipales dictadas al efecto desde los diferentes Ayuntamientos se han mostrado incapaces. La falta de medios de control en el mejor de los casos y la dejadez en el peor, ha hecho que los consistorios hayan dado la batalla por perdida. Aunque la mayoría de las ordenanzas fijan como máximo los 55 decibelios de día y los 45 de noche, la realidad es que las medias de ruido son muy superiores sin que se tomen acciones al respecto en la inmensa mayoría de los casos.

Sin embargo, existe una concienciación ciudadana sobre este problema de contaminación invisible. De hecho, los últimos el ecobarómetros de Andalucía apuntan que el 40 por ciento de los andaluces considera el problema de la contaminación acústica como uno de los asuntos de más incidencia en su vida diaria.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha tratado de poner coto a las actividades más ruidosas, aprobando por decreto un reglamento de protección contra la contaminación acústica.

Este decreto establece por primera vez las 'áreas de sensibilidad acústica' que se tendrán que tener en cuenta en los usos de suelo para que la calidad sea homogénea y acorde a las actividades determinadas para esos espacios.

En total, el Reglamento define siete tipos de áreas según el nivel de protección contra el ruido: sectores con predominio de uso residencial; industrial; recreativo y de espectáculos; turístico; sanitario, docente y cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica; sectores afectados por infraestructuras de transporte; y espacios naturales que requieren protección contra el ruido.

Para ello, la Junta se ha propuesto que los ayuntamientos elaboren y aprueben los mapas de ruidos de sus municipios. Esta cartografía de los niveles sonoros de la Comunidad permitiría delimitar las zonas conflictivas acústicamente, las principales fuentes de ruido, la realización de planes de acción y determinar el número de personas afectadas por los diferentes niveles de ruido, entre otras cuestiones clave.

Se realizarán tres tipos de mapas de ruidos: el mapa estratégico de ruido, para grandes aglomeraciones (ciudades), y zonas de transporte; los mapas singulares de ruido, para las áreas de sensibilidad acústica en las que se compruebe que se incumple la calidad acústica; y otros mapas de ruido para el resto de espacios.

Los ayuntamientos tendrán que tener hechos sus mapas de ruido antes del 30 de junio de 2012, según se establecía en la Ley del Ruido de 2003, de ámbito nacional.

Hasta la fecha los únicos estudios realizados en Andalucía sobre niveles de ruido datan del año 1993 y de 1996. En ambas ocasiones más de la mitad de la población andaluza sufría los efectos de esta contaminación invisible. A la cabeza de la lista de las ciudades más ruidosas se encontraban por aquel entonces Málaga, La Línea de la Concepción (Cádiz) y Dos Hermanas (Sevilla). En el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, entre los más ruidosos se encuentra Nueva Carteya, en Córdoba, con niveles de ruido tan altos como Benacazón en Sevilla, Olvera en Cádiz o Montefrío en Granada. El estudio también situaba como uno de los pueblos más tranquilos en horas nocturnas al municipio cordobés de Fuente Obejuna, con apenas 49 decibelios de media.

Bajar el volumen de las ciudades sale caro, según las conclusiones del informe de 1996 titulado Análisis de las Repercusiones Sociales y Económicas de los Niveles de Ruido de las principales Ciudades de Andalucía, elaborado por encargo de la Consejería de Medio Ambiente. Además de la recomendación de elaborar mapas acústicos, como se recoge ahora en el nuevo Reglamento, el establecimiento de redes de control, mejora del aislamiento acústico de viviendas, protecciones acústicas en vías y autovías, reducción de las emisiones sonoras de vehículos y otras obras de infraestructuras, supondrían -según el estudio- unos 170 millones de euros.