El Juzgado de Instrucción número 5 ordenó ayer prisión preventiva eludible bajo una fianza de 30.000 euros para el funcionario de Justicia acusado de apropiarse del dinero de multas e indemnizaciones en Castro del Río. El trabajador -A. R. M.- prestó ayer declaración en calidad de imputado y, tras escucharlo, el fiscal encargado del caso solicitó su ingreso en prisión por su presunto delito de malversación de caudales públicos. El procesado fue llevado a los calabozos de los juzgados y, pasadas las 14:00, le fue notificado el auto de ingreso en prisión. Su letrado no quiso hacer ninguna manifestación.

La investigación arrancó a finales de agosto de 2010 y se inició después de que varios órganos de la capital constataran el funcionamiento anómalo del Juzgado de Paz del municipio de la comarca del Guadajoz. Fuentes próximas al caso explicaron que los funcionarios empezaron a detectar la dilación en el pago de multas o indemnizaciones por parte de vecinos de Castro del Río condenados por sentencia. Puestos en contacto con los procesados, argumentaban que habían depositado el dinero en el juzgado de paz y que disponían del extracto bancario que el propio funcionario imputado, que ejercía como secretario, les había entregado. Cuando los funcionarios lo interrogaban sobre el asunto, alegaba habitualmente un problema en el correo desde Castro del Río.

Fuentes próximas al caso aseguran que se investiga la desaparición de más de 30.000 euros que los vecinos supuestamente le habrían entregado para pagar multas, indemnizaciones o requerimientos, dinero cuyo paradero ahora intenta aclarar el magistrado. Los órganos de Justicia no tienen potestad para recoger dinero y son siempre los ciudadanos los que han de ingresan el efectivo en una cuenta bancaria, recalcaron las mismas fuentes.

El sospechoso fue llamado a declarar hace varias semanas por el juez instructor, pero solicitó un aplazamiento del interrogatorio para consultar unos documentos. Ayer, finalmente, se sometió a la entrevista, y a la salida de la misma una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía lo esperaba para llevarlo a los calabozos.

La mayor dificultad de la instrucción es ahora determinar cuántas multas e indemnizaciones habría cobrado supuestamente el imputado, pues los casos afectan a diferentes órganos de lo Penal y lo Civil. En algunas ocasiones, según las fuentes consultadas, el funcionario habría cobrado las multas sin ser las sentencias todavía firmes, mientras que en determinados procedimientos habría repuesto el dinero. También parece constatado que, cuando se abrió la causa penal, cesó el problema.

El imputado ya se sentó hace unos años en el banquillo por no tramitar una serie de causas en el juzgado de instrucción en el que prestaba servicio, pero el juez de lo Penal lo absolvió después de que la Fiscalía retirara la acusación. La sentencia, sin embargo, consideró probado que la acción de A. R. M. ocasionó la prescripción de 24 causas y la paralización de varias decenas. Según la resolución, sin embargo, "no resultó debidamente acreditada finalidad espúrea o torticera".