Un debate de años y de enfrentamientos entre administraciones con la eterna aspiración de acceder a servicios básicos municipales de fondo. La Junta ha aprobado esta semana un decreto con el que pretende regularizar de alguna manera el fenómeno de las parcelaciones, un documento que abre la puerta a la dotación de luz y agua a algunas viviendas ilegales, tanto en la zona próxima al Guadalquivir como en la Sierra. Sin embargo, este nuevo elemento jurídico ha sido acogido más bien con indiferencia entre los parcelistas, quizá cansados ya de que siempre se saque el debate cuando unos comicios están cerca, o porque ya se han acostumbrado a su situación y "tampoco nos va tan mal", según reconocen los propios propietarios. O puede ser también porque ahora queda decidir lo más difícil, cuáles se pueden acoger al decreto de la Junta y cuáles no, sobre todo en lo que se refiere a las construcciones ubicadas cerca del Guadalquivir. Aquí hay que definir cuáles están en zona inundable y cuáles se considera que no tienen riesgo.

Guadalvalle, La Altea y San Isidro de la Alameda son algunas de las que bordean el río y de las más afectadas por aquellas inundaciones que levantaron de nuevo la polémica sobre la legalidad de esas viviendas. En esa zona, los parcelistas no saben cómo acoger la noticia sobre el decreto de la Junta. "Eso dicen, que vamos a poder acceder a servicios básicos", comenta Juan Alcalá, que cuenta con una edificación en la calle La Morea de San Isidro de la Alameda desde hace 17 años. Enfrente vive su hijo Juan y Antonio también cuenta con una parcela. "Claro que queremos tener agua y luz", asegura Alcalá, que tampoco duda en reconocer que ese deseo depende "de cuánto nos vaya a costar". "Lo que yo temo es que venga ahora el Ayuntamiento y nos diga, por ejemplo, que darnos luz y agua nos va a costar 20.000 euros; entonces, ¿dónde voy yo a por el dinero?. Tendría que vender la parcela", apunta. Juan está parado y sólo cobra la ayuda de los 420 euros. "Si va a ser así, entonces prefiero quedarnos como estamos", confiesa con toda sinceridad.

Pese a que el debate ha acaparado esta semana la agenda política, la sensación entre las parcelaciones es que parece que para ellos sea tan importante esa dotación de servicios. En realidad, sí que lo consideran importante pero calibran su necesidad en función del coste que les vaya a suponer. Es la idea que también comparte Antonio Vacas. "Yo lo que temo es que nos den los servicios básicos y nos hagan pagar mucho; que sea algo a lo que podamos hacer frente", apunta este parcelista que lleva 18 años viviendo en San Isidro de la Alameda. "Yo creo que deberían regularizarnos porque si todos contribuimos, el Ayuntamiento tendrá más ingresos", añade. Además, se mostró muy confiado en que la suya sea una de las edificaciones que se incluyan en el catálogo de no inundables porque "esto no se inunda si no es por una mala gestión de la Junta, que soltaron todos los pantanos a la vez y pasó lo que pasó", recuerda. En cualquier caso, la posibilidad de la demolición no la contempla porque "no se puede derribar lo que se ha permitido construir y esto no se hace de un día para otro".

Otro punto en común. Todos coinciden en que "esto no se puede tirar" porque se levantó con el visto bueno de la administración local. No hay más que ver la señalización oficial que indica el camino para llegar a las parcelaciones o incluso el nombre de algunas calles con el patrocinio del Ayuntamiento. "¿Somos ilegales para todo menos para pagar?, se pregunta Julio Cortés, un vecino de La Altea que además es vicepresidente de la plataforma de afectados que surgió tras las inundaciones. Él es uno de los más críticos con el decreto de la Junta que, a su juicio, "demuestra poca idea de urbanismo". En cuanto al acceso a los servicios básicos aseguró que la zona de La Altea está preparada para engancharse a la red general por su cercanía con los servicios del aeropuerto. "Tenemos todos que unirnos para arreglar esto", asegura confiado de que La Altea acabará siendo una urbanización legalizada.

En Guadalvalle lo tienen más complicado. Se encuentra dentro de las zonas inundables del Guadalquivir pero, según el PGOU, no tienen ningún grado de protección específico. Desde la Junta de Andalucía se asegura que en este caso sería muy complejo la conexión a servicios básicos al encontrarse en una parte de la ciudad donde no deben existir viviendas como consecuencia de un riesgo evidente. Manuel del Rey es uno de los vecinos de esta parcelación y ayer confiesa sin dudar que "no tenemos ninguna esperanza" de que vayan a tener acceso a los servicio básicos. Sin embargo, asegura que durante las pasadas inundaciones "a mí no me llegó el agua y a La Altea sí". Alfonso Jiménez, que vive en la calle El Peral de San Isidro de la Alameda, asegura también que "nosotros nunca nos hemos inundado" y confía en una posible regularización de su vivienda, donde vive desde hace 14 años. "Es lo justo, ya que la casa está en pie porque se ha permitido", añade. Además dijo con toda tranquilidad que "en Córdoba no quiero vivir, aquí se está en la gloria". De hecho, cuenta con un piso en la capital "que le he dejado a una de mis hijas". En la parcela "es donde mejor se está y mis 25 nietos están deseando venir aquí todos los fines de semana".

En el caso de la Sierra, el decreto permitirá a una parte significativa de las viviendas incluidas en esta zona acceder a servicios básicos incluso si éstas estuvieran ubicadas en zonas de especial protección si fueron levantadas antes de que se produjese esa catalogación oficial. Antonio Cruz vive en una parcela ubicada en la urbanización Córdoba La Vieja que fue construida hace más de diez años -antes de la ampliación del BIC de Medina Azahara- y cuenta con agua potable "desde hace 15 años". En su opinión el decreto "es un paso más y creo que será bueno para todos". "Todo lo que sea poder acceder a servicios básicos está bien, lo que nosotros queremos ahora es la legalización de una vez, porque no nos dejan ni asfaltar calles ni nada", apostilla.

Tras el decreto de la Junta, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha a sus técnicos para poder establecer estrategias que permitan dotar de servicios al máximo número de parcelaciones. Todavía queda trabajo por hacer y, como tantos anuncios se han hecho a este respeto, los parcelistas mientras tanto siguen a lo suyo y esperando lo que venga.