La subida del Impuesto de Bienes Inmuebles decretada ayer por el Gobierno para meterle una vía de ingresos extra a los ayuntamientos será particularmente dura en Córdoba como consecuencia de no haber realizado una actualización de los valores catastrales. El incremento, además, tendrá carácter general por cuanto aquí no regirá la regla de que se grava solamente a las viviendas que se encuentran por encima del 50% de la valoración catastral media. Abonarán igual el incremento del impuesto tanto los propietarios de chalés lujosos como los de pequeños apartamentos en un barrio obrero. Y el incremento del mayor impuesto en la financiación municipal ascenderá a un 11,5%, un porcentaje récord.

La subida de la contribución urbana se calcula usando dos vías: la valoración catastral del inmueble (que decide el Gobierno) y la subida municipal (que el año próximo será del 1,5%). El Ejecutivo ha decidido recargar la valoración de las viviendas en función del año de la última revisión catastral, que en Córdoba tuvo lugar en 1994. Ello implica que existe una gran diferencia entre el valor catastro de las casas y su valor real de mercado. Si la revisión del catastro es anterior a 2001, como el caso de Córdoba, el gravamen correspondiente es de un 10%. El supuesto particular de la capital hace que no le sea de aplicación la amnistía decretada para las viviendas de menor valor catastral. Si en Córdoba se hubiera realizado ese trabajo con posterioridad a 2001, sólo entrarían dentro del incremento las viviendas que superasen la media de la valoración del conjunto de la ciudad. Muchos municipios no han realizado este tipo de revisiones porque se trata de medidas impopulares, que incluso tienen un nombre que las define, catastrazo.

Hay cuestiones que no quedan claras de la documentación aportada en el Gobierno y que habrá que dilucidar en el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo sólo se refiere a viviendas pero la matrícula del IBI, todas las propiedades de la ciudad, se dividen en categorías (comercial, edificios públicos, aparcamientos,...) que no se sabe si estarán o no comprendidos en el nuevo gravamen, que estará activo durante dos años. El Consistorio ingresa 60 millones anuales por esta vía y es el impuesto que más dinero aporta a las arcas públicas.

Las medidas adoptadas ayer deben tener influencia en el estado de las arcas municipales no sólo por el Impuesto de Bienes Inmuebles sino también por el IRPF. El Consistorio recibe una parte de ese dinero. Sin embargo, a efectos laborales empezará a tener incidencia prácticamente desde el primer día con la congelación del sueldo de funcionarios y trabajadores de empresas municipales. Sin embargo, progresivamente, el PP estaba trabajando en la derogación de la jornada semanal de 35 horas, que se ha convertido prácticamente en la norma dentro del sector público. La izquierda apostó políticamente por estas reducciones de jornada.

Ayer mismo, fuentes municipales aseguraban que poco queda que negociar. Los trabajadores del Consistorio que ahora no lo hacen tendrán que estar en sus puestos de trabajo 37,5 horas semanales. Esta medida implica un incremento directo de la productividad puesto que la plantilla tendrá que trabajar más tiempo por el mismo dinero (que será menos en términos relativos, si se tiene la inflación).

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