El empresario y concejal del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez se sentó ayer de nuevo en el banquillo de los acusados del caso Malaya en el que será el último y más extenso de los bloques en los que la Sección primera de la Audiencia ha dividido este macrojuicio contra el caso de corrupción urbanística municipal con más eco de la historia. Gómez, que está acusado de cohecho, forma parte del grupo de 31 empresarios, tres alcaldes y 14 ediles que están imputados en una trama que tiene en este bloque judicial la esencia del caso Malaya: abonos de dinero a cambio de favores urbanísticos. En este bloque se encuentra otro empresario cordobés, José María Enríquez, propietario de la promotora Los Jardines.

La Fiscalía reclama al empresario cordobés propietario de Arenal 2000 18 meses de prisión y una multa de 1,2 millones de euros por un delito de cohecho. De la investigación seguida contra Gómez, uno de los empresarios más mediáticos de cuantos están implicados en la trama, se deduce que presuntamente realizó dos pagos de 300.000 euros a Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo de Marbella y cerebro de la red, que tenían supuestamente como objetivo conseguir un permiso para construir un acceso de sus oficinas al paseo marítimo en el edificio Mare Nostrum. Se le acusa por tanto de una presunta entrega de dinero a funcionario público para intercediera a su favor. Y es que entre las claves que usaba la red de Roca para controlar las supuestas asignaciones dinerarias en la caja donde se ingresaban, aparecen en al menos dos ocasiones las iniciales R. Gmz y Skm. para justificar la emisión de los dos pagos de 300.000 euros.

Los argumentos de la defensa de Gómez se centrarán, según se deduce de lo esgrimido en la vista previa de la causa, en el reconocimiento de este abono de 600.000 euros al Ayuntamiento para cambiar un cerramiento por un acristalamiento con vista al paseo marítimo. En esta línea, Gómez aseguraría que fue víctima de una "estafa", según afirmó su abogado.

En cuanto a José María Enríquez, se le imputa un presunto delito de cohecho, igual que a Gómez, y también uno de blanqueo de capitales. Enríquez fue arrestado el 14 de noviembre de 2006 y se enfrenta a una pena de prisión de ocho años. Se le acusa de pagar a Roca 300.000 euros para que favoreciera sus negocios urbanísticos en San Pedro de Alcántara, algo que él negó durante toda la fase de instrucción del proceso. Además, se le acusa de favorecer ganancias ilícitas al ex gerente de Urbanismo de Marbella, según la acusación.