La Fiscalía ha emitido ya siete informes favorables de las 13 demandas interpuestas por la Asociación Al Andalus de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía y la Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, que representan a casi 5.000 empleados públicos, contra el Decreto 101/2011, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Así lo informó ayer a El Día el portavoz de los funcionarios públicos en Córdoba, José María Herrera, quien aseguró que "la justicia poco a poco nos está dando la razón".

Los empleados públicos, a través del bufete de abogados de Mariano Aguayo, presentaron en las tres salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) siete recursos contra cada uno de los decretos por los que se aprueban los estatutos de las agencias públicas creadas y otros seis recursos contra los protocolos de integración de los trabajadores de esas agencias en la función pública aprobados por resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública. "Ya tenemos el respaldo de siete de ellos y seguro que el número irá a más", destacó Herrera.

No obstante, la Junta de Andalucía ya ha recurrido todos los recursos presentados por los funcionarios públicos. De modo que, según Herrera, "tememos que todo nuestro el esfuerzo y el trabajo realizado durante el último año por acabar con el decretazo se quede en nada, ya que siempre consiguen todo lo que quieren y encima hacen lo que les da la gana".