Tener una farmacia siempre ha sido sinónimo de fortuna. Era un negocio rentable, seguro y sin visos de resentirse. Incluso en las familias se continuaba la profesión, lo que ha supuesto la creación de auténticas sagas de farmacéuticos. Ahora todo está cambiando. Aunque hace años era impensable, también la crisis está haciendo estragos en este sector y en la actualidad hay establecimientos que se encuentran en una situación "extremísima", a punto del cierre, en palabras del presidente del Colegio de Farmacéuticos, Práxedes Cruz.

Tanto es así que una treintena de dispensarios -el 10% de todas las existentes en la provincia- sólo podrán sobrevivir si se acogen a las nuevas ayudas dispuestas por el Gobierno central para mantener el servicio en barrios y poblaciones. En toda la provincia existen en la actualidad 396 boticas. Los requisitos para recibir las ayudas son no superar los 25.000 euros al mes de dispensación de medicamentos y dar servicio a núcleos de menos de un millar de habitantes en los que sólo exista esa farmacia. En la práctica, el 10% de los negocios de la provincia podrán solicitar la ayuda económica por cumplir todos los requisitos, pero según los datos del Colegio de Farmacéuticos al menos el 20% de los negocios pasa por momentos "dificilísimos".

Y el problema no deriva de la reducción del consumo o la pérdida de clientes que, sino porque las farmacias están siendo las perjudicadas por algunas de las medidas de ahorro y reducción del gasto público que los gobiernos y administraciones llevan a cabo para sanear las arcas públicas. El problema no es sólo cordobés.

En Castilla La Mancha, los farmacéuticos se pusieron en pie de guerra por el impago de la comunidad. En Andalucía, y más concretamente en Málaga y Granada, ya hay farmacias que están en concurso de acreedores -en Córdoba todavía no hay ninguna-. El motivo en la comunidad andaluza no es el impago de la Junta -a diferencia de lo que ocurrió en Castilla La Mancha-, que abona sus recetas aunque con retrasos que van entre los 60 y los 90 días.

Aquí, lo que más afecta son los decretos de contención del gasto farmacéuticos (decretos 2/2010 y 8/2010) y las medidas que obligan a la dispensación de ciertos fármacos en función de su precio para ahorrar. Según los cálculos del sector, la facturación en el último año ha podido caer un 20%. Alrededor del 80% del ingreso de estos negocios procede del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En este contexto, además, ha surgido una guerra de precios para lograr el más barato del mercado y que sea ese el que se dispense, hasta el punto de que haya medicamentos de marca y genéricos que valen lo mismo. En ese caso, la oficina farmacéutica tiene que dar el genérico, por lo que las marcas se ven obligadas a bajar mucho los precios.

Y, como consecuencia, la industria se ve tocada: gana menos y, por tanto, invierte menos en investigación y nuevos fármacos. Las empresas se dedican a copiar fórmulas y a ponerlas más baratas para que su producto tenga salida. La revisión de precios es continua y siempre a la baja. Hay ejemplos clarísimos de esta evolución: un omeprazol de marca costaba hace una década 40 euros, y ahora apenas tres.