Dentro de un año y medio, dos como mucho, podría verse la primera parcelación dotada de servicios básicos como la luz o el agua y legalizadas. El Ayuntamiento se ha propuesto atajar el eterno problema de las edificaciones ilegales y, como incluyó en sus objetivos para los 100 primeros días de gobierno, a partir de septiembre pondrá en marcha la Oficina de Suelo no Urbanizable, una herramienta con la que pretende dar respuesta a los propietarios de este tipo de viviendas. Así, según apuntó el concejal de Urbanismo, Luis Martín, el principal cambio que va a introducir el gobierno municipal es que las juntas de compensación de propietarios podrán modificarse y pasar a ser juntas de cooperación, de manera que desaparece el aval del 7%, un requisito que mantenía paralizado todo el proceso desde hace años.

Solicitar el cambio de sistema sería el primer paso para empezar el proceso de legalización. Éste puede durar un mes aproximadamente desde la petición formal de la comunidad de propietarios, ya que Urbanismo tiene que dar el visto bueno en el consejo rector. Después, los técnicos municipales iniciarían el inventario de las viviendas, el cálculo de los costes y de qué manera se establecería el pago de las cuotas por parte de los propietarios. Y es que la totalidad de la inversión que se requiera tendrá que ser costeada por los propietarios, según apuntó Martín, porque "el resto de los cordobeses no tiene por qué pagar ese gasto, ni tampoco las arcas municipales". Por último, se procedería a la redacción del proyecto y la contratación y ejecución de las obras por lo que, según los cálculos del edil, en un año y medio o dos a lo sumo se podrían tener los primeros casos de parcelas equipadas de servicios.

Córdoba cuenta con 11,4 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, según el estudio elaborado por el área de Urbanismo. Serán las parcelas incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) las que pueden empezar a pedir los servicios básicos, tal y como se establece en la normativa. Martín aseguró que "no se trata de crear calles y acerados", tal y como se conocen en el casco urbano, sino que las tareas de urbanización "serán más simples para disminuir los costes". En cuanto al plazo, el concejal quiso matizar que todo depende de que la administración autonómica no pida "estudios concretos" sobre alguna zona que vaya a ser urbanizada, como se ha hecho por parte de la Delegación de Cultura para el plan especial carretera de Palma, "pidiendo una investigación arqueológica a siete kilómetro de Córdoba".

Martín, además, aseguró que la voluntad del Ayuntamiento "es mantener una constante vigilancia y tolerancia cero", para que no proliferen más asentamientos de este tipo en las afueras del casco urbano de la ciudad.

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