La Fiscalía considera que la Junta de Andalucía vulnera el derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria. De forma que con este dictamen el fiscal estima una de las 13 demandas interpuestas por la Asociación Al Andalus de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía y la Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, que representan a casi 5.000 empleados públicos, contra el Decreto 101/2011, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El dictamen de la Fiscalía sobre el procedimiento de derechos fundamentales, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga, mantiene que el sistema de integración establecido en el citado decreto vulnera tanto la Constitución como la propia ley de la Administración de la Junta de Andalucía. De este modo, el fiscal detalla que la integración del personal procedente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) y de la Fundación para la Atención a los Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía "incurre en infracción" puesto que "el personal al servicio de las Agencias debe ser seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales".

La fiscal María Victoria Gutiérrez Díaz, que ha estimado dicha demanda, puntualiza que de esta forma se está privando a las personas interesadas a acceder a dichos puestos de trabajo "y que tienen derecho a optar a ellos, mediante las correspondientes Ofertas de Empleo Público conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, garantizados en los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución".

El portavoz de los empleados públicos en Córdoba, José María Herrera, mostró ayer su satisfacción por este "nuevo avance que supone para nosotros la victoria de una de las batallas de esta guerra". No obstante, señaló que aún queda mucho por hacer, puesto que "la lucha es muy larga y dura", aunque reiteró que esta decisión del fiscal "nos da fuerzas para continuar".

Fue hace un año cuando los empleados públicos comenzaron a movilizarse contra las pretensiones de la Junta de "privatizar la Administración", tal y como detalló Herrera. Ahora los empleados públicos están a la espera de las resoluciones de los 12 recursos restantes presentados contra el "decretazo" para la reordenación de la función pública seis contra cada uno de los decretos por los que se aprueban los estatutos de las agencias públicas creadas y otros seis recursos contra los protocolos de integración).