Los empleados públicos de la Junta de Andalucía (funcionarios, personal laboral, interinos y personal laboral temporal) harán un parón en su calendario de movilizaciones durante los meses de verano, aunque seguirán con su particular lucha a partir de septiembre. No obstante, aprovecharán lo que queda de mes para continuar protestando los miércoles a las puertas del edificio de Servicios Múltiples, en Tomas de Aquino, y ante en la Delegación de Hacienda y Administración Pública, de 10:30 a 10:50.

El portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía en Córdoba, José María Herrera, informó ayer que esta es una decisión consensuada por todos los trabajadores públicos, tras la celebración de una asamblea en el Centro Cívico de Poniente. "Seguiremos adelante si todo continúa como hasta ahora, ya que no vamos a consentir que el PSOE consiga sus pretensiones", insistió. Con estas palabras Herrera volvía a exigir en nombre de los empleados de la Junta la derogación de la Ley 1/2011 y de las recién creadas agencias y protocolos que conforman la reordenación de la función pública en Andalucía.

Entre algunos de los acuerdos alcanzados en la reunión de ayer, Herrera destacó la celebración de una fiesta de reencuentro tras la vuelta de las vacaciones "para volver a vernos las caras y analizar cómo se encuentra la situación después de los meses de verano, y a partir de ahí darle forma a nuestras movilizaciones". No obstante, ya tienen previsto pedir los permisos pertinentes para la celebración de una pitada en coche por la ciudad "para que nadie se olvide de nosotros y que toda la ciudadanía sepa que seguimos adelante con nuestra lucha". Es una guerra iniciada en octubre del año pasado y en la que ya se han librado numerosas batallas. Algunas de las más sonadas han tenido lugar en actos oficiales de los consejeros en la capital cordobesa, o manifestaciones en las que han participado miles de personas.

En estos momentos los empleados públicos están a la espera de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ante los siete recursos presentados por los empleados públicos en contra de la Ley 1/2011 y de los estatutos de la ocho agencias creadas. "Todos los recursos han sido admitidos a trámite, así que tenemos plena confianza en que los tribunales nos den la razón para poder paralizar todo esto de una vez y conseguir que se haga justicia para miles de personas", insistió Herrera.