El sindicato CSIF-A alertó ayer del "descontrol" en el que quedará sumida la función pública andaluza con la creación y funcionamiento de las agencias públicas, cuyos estatutos las convierten "en reinos de taifas, al permitir que cada una establezca sus reglas". El sindicato recurrirá ante los tribunales todos esos estatutos porque "vulneran" los derechos adquiridos por los empleados públicos.

La presidenta del sector autonómico de CSIF-A, Alicia Martos, dio a conocer ayer la batería de alegaciones remitidas a la Junta sobre dichos estatutos de las diversas agencias nacidas a la sombra del proceso de reordenación del sector público andaluz. Estas alegaciones "parten del absoluto rechazo a la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, diametralmente opuesta a nuestras peticiones". En ese sentido, Martos anunció que la central "recurrirá ante los tribunales cada procedimiento administrativo que dimane de esa Ley y que conlleve la reordenación"; esto es, además de la propia Ley, los estatutos de las agencias, el plan inicial de actuación, los protocolos de integración "e incluso las RPT [relación de puestos de trabajo]".

Martos también criticó la "exclusión" efectuada por la Junta en el proceso de negociación de dichos estatutos, donde "llegó a celebrar una mesa general el día 14 de marzo, cuando el plazo para presentar alegaciones acababa el 18 de marzo, no esperó a que acabara ese plazo". La dirigente sindicalista insistió en que la posición de CSIF se debe a que "la Administración no nos ha dejado otra salida que recurrir y acudir a los tribunales". La central no entiende las "prisas" para acometer esa reordenación de algo "tan importante como la función pública", de manera que "se podía haber hecho de forma más sosegada y hablando con todos los sindicatos; la Administración se debe replantear esto".

Martos lamentó que en el caso de los directivos de esas agencias públicas "se ha introducido una modificación, fruto de las enmiendas parlamentarias, de forma que si antes se exigía que los directivos de las agencias con potestades administrativas fueran funcionarios, ahora se añade la posibilidad de que sean elegidos por el Consejo de Gobierno". En la Ley y en los estatutos "se contempla que cada agencia pueda gestionar su propia oferta de empleo público y de plazas, cuando debe existir una unificación de criterios", recalcó Martos.