La Junta de Andalucía ha anunciado con triunfalismo que la Ciudad de la Justicia de Sevilla ha comenzado a funcionar. La pomposamente llamada “Ciudad”, es, por ahora, un edificio del Campus de Palmas Altas de la empresa Abengoa, que la Junta ha adquirido en su totalidad para instalar los edificios judiciales de Sevilla. No cuestiono su calidad arquitectónica, pero, movilizando la Justicia a diario a miles de usuarios, profesionales y funcionarios, deben existir comunicaciones adecuadas. Actualmente a Palmas Altas sólo se puede acceder por vías colapsadas en vehículo particular o en bus lanzadera desde el Prado, que, en ningún caso, llega en 15 minutos, como anuncia el consejero. Además, el edificio ha de ser adaptado para servir al destino judicial. El Museo de Bellas Artes es un edificio maravilloso, pero tampoco reúne condiciones para albergar juzgados.

El traslado a Palmas Altas no solucionará los problemas de la Justicia en Sevilla, porque, además de inmuebles, faltan juzgados, por eso es de las capitales donde más colapsada está la Justicia. Pero, esperaba que la Junta no diera por cumplida sus responsabilidades, abandonándonos en medio de la nada, en un edificio inadaptado a las necesidades judiciales, mal comunicado y sin evaluar cómo se verá afectada la actividad judicial.

Uno de los despachos de Palmas Altas.

Es obvio que todo traslado genera contratiempos, pero la despreocupación de la Junta resulta intolerable: al edificio de los juzgados se accede por el Centro de Visitantes de Abengoa y hasta esta semana no se ha colocado un cartel identificándolo como sede judicial. Tampoco hay personal de mantenimiento para solucionar los novedosos problemas que genera un edificio inteligente, en el que en unas zonas se sufre un calor tórrido y en las salas un frío glacial.

Los jueces no podemos estar satisfechos. La Consejería nos ha tratado con una desconsideración exquisita: Despachos pequeños, oscuros, mal insonorizados, en zona de tránsito y sin control de acceso; salas de vistas con estrados pequeños (en la mayoría solo cabrán 4 profesionales), el mobiliario es tan minimalista que empequeñece el acto e impide que exista una distancia física razonable entre asistentes, la mesa del funcionario no permite acoger el aparataje necesario y no tiene teléfono, esencial para las videoconferencias.

En las dependencias asignadas a oficinas, no existe separación entre juzgados y las mesas de los funcionarios son las de Abengoa, que no son aptas para la atención al público. Se acerca la Justicia al ciudadano tanto que los funcionarios tendrán en el cogote a quienes atiendan porque es imposible hacerlo de frente.

En resumen, se nos instala de cualquier manera, aprovechando lo que había de Abengoa y sin tener en cuenta las necesidades de los juzgados. Y no puede escudarse la Junta en que no hay espacio para que despachos y muebles tengan un tamaño razonable. El edificio tiene 7.300 metros cuadrados y sobra espacio. Es cuestión de voluntad.

Por eso, asombra que el consejero diga que ha existido “Total transparencia y diálogo permanente”, cuando se han ignorado casi la totalidad de las observaciones que los Jueces realizamos para mejorar el proyecto. Por no hablar de las promesas incumplidas.

Un articulista ha ridiculizado nuestras quejas: ¡cómo es posible que nos quejemos por la añoranza de los muebles de caoba o por el tamaño de los despachos, que son una simple anécdota cuando está en peligro la independencia del Poder Judicial! viene a decir.

Debería el articulista pasarse por los juzgados y comprobar lo equivocado que está: nunca henos tenido muebles de caoba. Tampoco queremos parecernos a la España de los primeros capítulos de Cuéntame. La imagen de la Justicia es arcana e ineficiente porque el poder político ha sometido sin piedad a la Justicia a una situación de indigencia y abandono. Como dice un periodista amigo: la Justicia es una orden mendicante; de las más menesterosas, digo yo.

Precisamente por la que está cayendo, debería tranquilizar que los jueces de Sevilla alcemos la voz ante los incumplimientos y falta de consideración de la Junta hacia un Poder del Estado. La defensa de la independencia del Poder Judicial no se realiza a tiempo parcial o selectivamente en función de quien gobierne: es una exigencia que nos impone la Constitución urbi et orbe.

En España, el Poder Judicial es teóricamente independiente, pero no es autónomo, ya que son los poderes ejecutivo y legislativo los que establecen sus medios y condiciones de trabajo. Quien no es autónomo, a duras penas puede mantenerse independiente. Este es el verdadero origen de nuestros problemas.Por eso, si la falta de respeto institucional y desamparo a la función judicial avanza, no sólo sufrirán los jueces sino, también, la independencia judicial y el Estado de Derecho. Si en Andalucía nos tratan así... ¡imagínense el tamaño en el futuro de los despachos de los jueces en Cataluña!