No es descabellado pensar que Susana Díaz preferiría que Mariano Rajoy no fuese el presidente del Gobierno de España -aunque no apostaría ni un céntimo a que prefiera a Pedro Sánchez-. Sin embargo, ha demostrado que su legítimo, aunque muy equivocado, deseo está subordinado al respeto a la ley, al cumplimiento de la Constitución, a la defensa de la unidad nacional y a la inequívoca voluntad de apoyar al Gobierno, aunque no sea el de los suyos, en las medidas para sofocar el golpe de estado que, televisado y a fuego lento, se cuece en las calles, las instituciones y despachos de algunos próceres catalanes, ávidos de dinero, influencia y poder. Izquierda y derecha pueden, deben, estar unidas en la defensa de la ley.

Del episodio catalán, que tendrá hoy uno de sus platos fuertes -el final está todavía lejano-, podemos extraer no pocas conclusiones, tres centrales. La primera que la dejación de funciones del Estado durante largos años y bajo gobiernos de distinto color en el ámbito lingüístico, cultural y educativo ha generado la fanatización de una muy importante parte de la sociedad catalana, a la que se ha educado en el desprecio cuando no en el odio a lo español, señalándolo como uno de los culpables de sus males: siempre es útil tener un enemigo al que culpar de los fracasos, y el nacionalismo lo ha explotado a conciencia. La segunda, que esto no va ni de democracia, ni de derechos sino de una lucha de ricos contra pobres, sintetizado en el eslogan célebre y, aunque repugnante, brillante para sus fines supremacistas del "Espanya ens roba". Finalmente, que el rechazo de la izquierda radical española, y parte de la hasta ahora considerada moderada, a la Constitución y al proyecto de convivencia diseñado en el 78 es total, y su apoyo al separatismo catalán nace de su apuesta por, primero, expulsar al PP del poder y después dinamitar el sistema constitucional; el odio a Rajoy les une y el independentismo es una buena coartada.

En estas circunstancias, y aunque no tenga lugar la previsible proclamación unilateral de independencia tras la mascarada de hoy, la detención de los golpistas, la inhabilitación de los cómplices de la sedición, la imposición de las sanciones económicas previstas en las leyes a los colaboradores y la aplicación del reiteradamente invocado artículo 155 de la Constitución parece una exigencia no ya legal sino ética, si se pretende garantizar que Cataluña siga siendo una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Restituida la legalidad, nunca antes, todo el diálogo que se quiera.