Entre las múltiples fuentes de financiación de los ayuntamientos españoles hay una que ha sufrido un fortísimo varapalo esta semana. Se trata del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como la plusvalía, que se devenga con ocasión de cualquier transmisión de terrenos de naturaleza urbana, incluso en las herencias, y que con la ley vigente en la mano hay que pagar incluso cuando uno pierde dinero al vender el inmueble. Muy justo no parecía, no.

El Tribunal Constitucional, en resolución adoptada por unanimidad, ha dictaminado la inconstitucionalidad de este precepto, en su configuración actual, considerando que puede entrar en colisión con el principio de capacidad económica consagrado en la Constitución, abriendo un agujero de proporciones gigantescas en las arcas de los municipios. Para comprender la trascendencia económica de la decisión puede apuntarse que el Ayuntamiento de Córdoba preveía ingresar por este impuesto más de 16 millones de euros, es decir, que sólo en los últimos cinco años puede haber ingresado más de 70, de todos aquellos que durante ese tiempo hemos transmitido o heredado algún bien urbano en la ciudad.

No quiero incurrir en el ejercicio demagógico de exigir la inmediata restitución de lo indebidamente percibido y la creación de oficinas municipales de afectados por la plusvalía, y por supuesto comprendo a los alcaldes que desde la aprobación de la Ley de Haciendas Locales han gobernado ayuntamientos en los que este tributo (que no es obligatorio, por cierto) se ha exigido. Entre ellos los inefables Carmena, Colau o Kichi que, de no estar hoy para lamento de madrileños, barceloneses o gaditanos al frente de la Corporación, estarían acusando a sus munícipes de robar a sus ciudadanos.

Lo que resulta inevitable es reflexionar, por un lado, sobre el hecho de que no sólo los ciudadanos hemos pensado en un momento dado que nunca bajaría el precio de los inmuebles, sino que eso también lo pensaba el legislador y, por otro, no sólo que resulta imprescindible replantear la financiación de los ayuntamientos, sino que ha llegado el momento de que éstos se ocupen de las funciones que le son propias y dejen de desarrollar competencias que no les corresponden a cuenta del contribuyente y a mayor gloria de ciertos alcaldes.