Conforme pasan los meses, desde aquellos infaustos primeros días de septiembre en los que se aprobaron las leyes de desconexión y del referéndum, se imponen varias evidencias: la primera, que la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue, más que un acierto, un imperativo democrático; la segunda, que debió ser aplicado mucho antes y sin complejos; y la tercera, que la dosis de 155 se ha revelado claramente insuficiente tanto en su ámbito material como en el temporal: pese a que se alabó la audacia del presidente Rajoy (hoy deberíamos analizar quiénes fueron los que mayor incienso consumieron), fue un error convocar elecciones de inmediato sin proceder a extirpar diversos tumores enquistados en la Administración catalana. No haber garantizado que desde medios pagados con fondos públicos no se pueda hacer apología del golpismo y de los golpistas o no haber procedido al inmediato despido de colaboradores necesarios de éstos es incomprensible.

Esta semana el fugado Puigdemont, por fortuna, parece haber dado un paso atrás en sus pretensiones de ser investido nuevamente. Sin embargo, lo que podría verse como un nítido triunfo del Estado de Derecho es una simple argucia para incrementar el caos, la confrontación y la afrenta a la legalidad. Eso es, y no otra cosa, proponer al encarcelado Jordi Sánchez, el sujeto que en el pasado apoyaba a Herri Batasuna o que incitaba a las hordas separatistas contra la policía, como candidato a la presidencia de la Generalitat. Lío, lío y más lío. Como bien dijo en el Parlament Inés Arrimadas eso es lo que buscan, para apuntalar lo que constituye su único medio de vida, el "prusés".

Imagino que es mucho pedir en estos tiempos agitados, en los que unos y otros buscan lugares de enfrentamiento antes que acuerdos (señores de Ciudadanos, aunque reconozco que tienen ustedes mucho mérito en Cataluña, ¡dejen por una vez el oportunismo aparcado y aprueben los presupuestos tal como se comprometieron!), pero la cuestión catalana está muy lejos de ser no solucionada, que es probablemente imposible, sino de ser mínimamente reconducida y exige un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas (qué decir de la miserable posición de los podemitas, encabezados por la señora Colau, como muleta del independentismo), que prolongue la aplicación del 155 y desactive definitivamente las múltiples terminales sediciosas que siguen funcionando a la vista, ciencia y paciencia de todos los españoles. De lo contrario el golpe en su versión 2.0 lo tendremos a la vuelta de la esquina.