Entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009 desaparecieron de la caja de efectivo que existía en las oficinas municipales de Hacienda 7.810.769,93 euros. El escandaloso desfalco puso literalmente patas arriba al Ayuntamiento de San Fernando y se convirtió en tsunami político y social de enormes proporciones que arrastró consigo al Partido Andalucista, entonces en la Alcaldía. De la detención de los principales sospechosos –los funcionarios que estaban al frente de este servicio, Clemente Ruiz y María José Lebrero– se cumplirá en pocos días la friolera de 15 años. Pero aún no ha habido juicio. Sorprendentemente, todavía se está a la espera. Y la instrucción de la causa se dilata en el tiempo hasta el punto de que se ha temido incluso que el caso –el famoso robo de la caja del que tanto se hablara durante años– pudiera prescribir.

No será así –al menos por ahora– porque, aunque no se haya avanzado nada, en los últimos años sí se ha dado cierta actividad procesal que ha mantenido viva la causa. De hecho, ahora se está a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de la apelación presentado por la Fiscalía en septiembre de 2023 que podría ser el paso que reactive definitivamente el proceso en los próximos meses.

Una de las razones que explica que se haya llegado a los 15 años del robo sin que se haya señalado aún la fecha para la celebración del juicio es el nulo resultado que han dado las comisiones rogatorias libradas para investigar lo que se denominó la trama marroquí, supuestamente vinculada al blanqueo del dinero que, día a día y durante varios años, salía de las oficinas del área de Hacienda sin que nadie se percatara de nada hasta que una auditoría rutinaria de la Cámara de Cuentas hiciera saltar la alarma al detectar un desfase contable de saldos que no cuadraban.

La citada trama alude a la familia de origen marroquí entonces afincada en San Fernando y otras localidades cercanas que compartía amistad y negocios con Clemente, el funcionario responsable de la caja; que también ha sido investigada por la Policía y que desde poco después de que estallara el escándalo del desfalco reside fuera de España.

De ahí las comisiones rogatorias libradas hace años a Marruecos para que presten declaración al menos hasta 6 de los investigados. En su momento se consideraba una de las claves principales de la causa, por lo que la Fiscalía incluso se opuso en 2017 a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando cerrara la instrucción sin que se hubiera resuelto este paso, como se pretendió en un auto que fue recurrido.

Pero dado el excesivo tiempo transcurrido sin obtener resultado en este sentido se considera necesario avanzar en el proceso para evitar su bloqueo, que efectivamente podría llevar incluso a que prescribiera en el que caso de una prolongada inactividad procesal a lo largo del tiempo.

Y de ahí que en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial que está pendiente de resolverse se haya planteado ahora la división de la causa en piezas separadas, lo que permitiría juzgar a los principales sospechosos a los que se les relaciona con el delito de malversación de caudales públicos así como al resto de investigados que residen en España al margen de la llamada trama marroquí.

En este recurso, que está en manos de la sección tercera y que ya ha sido deliberado, la Fiscalía incide en otra cuestión: el juicio por jurado en lugar de un procedimiento abreviado para esta causa ya que considera que entra dentro de lo acordado en este sentido por el Tribunal Supremo. Así, en el caso de que finalmente se estimara, se requeriría de un nuevo trámite procesal –el traslado de la imputación– antes de proceder a la audiencia preliminar y a formular el correspondiente escrito de acusación.

Recientemente se han presentado también sendos recursos por parte de dos de los investigados –en uno de ellos se pedía incluso el sobreseimiento de la causa– que han sido desestimados por la Audiencia Provincial.

Un retraso que hace 8 años ya "sonrojaba" al TSJA

Hace ocho ya años que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitía que "sonroja" la dilatada instrucción de procesos como el del robo de la caja. El controvertido tema, que se remonta a abril de 2009, se citaba en la memoria de 2015 como uno de los ejemplos más reseñables del "mal funcionamiento de la justicia" al hablar de los Juzgados sin recursos que asumen causas complejas.

La excesiva lentitud –decía– abochorna "ya que atrae inevitablemente situaciones anómalas y cuestiones procesales conocidas: posibles prescripciones, infracción del plazo razonable, aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas, etc...". Sin embargo, aquella advertencia del TSJA no sirvió para agilizar la marcha de un proceso cuya instrucción sigue sin cerrarse en 2024 y sigue todavía a la espera de juicio.

Lo cierto es que los poquísimos medios que los Juzgados isleños han tenido siempre no pueden tampoco desvincularse de ese enorme retraso que acumula una causa tan compleja como la del robo de la caja del Ayuntamiento de San Fernando, que además en todo este tiempo ha cambiado varias veces de manos habida cuenta de los distintos jueces –titulares y sustitutos– que han pasado por la sala y que, por regla general, han tenido que dar prioridad a sacar adelante el día a día. 

El dinero... y la sentencia del Tribunal de Cuentas 

En paralelo a la causa penal abierta por el desfalco de la caja de efectivo del Ayuntamiento de San Fernando –que, por cierto, hace años que dejó de existir– se llevó a cabo el procedimiento de reintegro por alcance que juzgó y sentenció el Tribunal de Cuentas en 2013.

Se trata de un proceso similar en muchos aspectos cuyo objeto no es otro que dirimir la existencia de responsabilidades ante el menoscabo de caudales públicos. La cantidad malversada de las arcas municipales, según se determinó en este juicio contable, se fijaba en 7.665.733,92 euros, una cifra que resultaba algo inferior a la que se había anotado siempre en la investigación (los 7,8 millones).

La sentencia del Tribunal de Cuentas, de la que ya se han cumplido 10 años, consideraba como responsables directos del alcance a los dos funcionarios que estaban a cargo de la caja, Clemente Ruiz y María José Lebrero, a los que reclamaba en consecuencia el pago de dicha cantidad. En 2018 se dictó el auto de ejecución de sentencia y poco después se conoció la liquidación de los intereses, que ya entonces disparaban el importe reclamado hasta la cifra de 9 millones de euros.

Sin embargo, por el momento no hay constancia de que se haya conseguido recuperar ni un solo euro de esa cantidad millonaria que se esfumó de las arcas municipales durante 5 años.

Aunque en esta sentencia, la responsabilidad contable directa recayó sobre expresamente los dos funcionarios que estaban encargados del funcionamiento diario de la caja, el Tribunal de Cuentas consideró también responsables subsidiarios a los dos alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo la sustracción de fondos, a los interventores que habían pasado por el Ayuntamiento isleño durante el periodo en el que se produjo el desfalco y a la tesorera. En este caso, las cantidades reclamadas oscilaban entre los 29.779 y 67.450,72 euros.