Terminamos la semana con noticia de las que hacen época. Es el caso de las llamadas "oposiciones amañadas" según el cual, un grupo de más de cincuenta opositores (en situación laboral de interinos) obtuvieron una plaza fija en un Consorcio dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba por mor de unas pruebas de acceso de las que se viene predicando la condición de "amañadas" indiciariamente. Ello supuesto, tenemos que concluir que los ahora funcionarios obtuvieron la plaza mediante "engaño o artificio" en detrimento de otros opositores que vieron vulnerados sus derechos de acceso a dichas plazas en unas condiciones de igualdad, constitucionalmente protegida.

En todo caso, los supuestos punitivos indicados están siendo investigados por la autoridad judicial competente a la que corresponde dirimir, por una parte, sobre la existencia o no de responsabilidades susceptibles de reproche penal; por otra, señalar, con "la claridad del sol de mediodía" en el decir de Las Partidas, los autores de los hechos denunciados. Nos parece de justicia que se deje aclarado ambos extremos:

Porque, en su caso, la autoría de unos comportamientos presuntamente delictivos sería imputable a personas físicas determinadas y concretas. Pero no a la Diputación Provincial o al Consorcio.

El procedimiento penal se encuentra en fase de instrucción. Mientras, a los ahora acusados, investigados, imputados… les asiste el derecho a la "presunción de inocencia". Es así por aplicación de un interminable rosario de disposiciones legales. La falta de consideración a la dicha "presunción" puede resultar de efectos letales. Basta recordar el caso Rita Barberá: Las penas de telediario a las que injustamente fue sometida la pasaron a mejor vida. Eso sí: después de crucificada, los tribunales dejaron constancia de su inocencia y honradez. (Demasiado tarde).

En evitación de supuestos como el que dejamos indicado, el autor de este espacio tiene que traer a colación el caso de un funcionario, que conoce desde hace muchos años y ahora encausado: Juan Carandell. Por razones que no viene al caso explicar, puedo afirmar que dispongo de elementos de juicio suficientes, acreditativos de su honestidad y buen hacer profesional. En definitiva: Un trabajador y un servidor público ejemplar e incapaz de incurrir en una actuación dolosa. Mucho menos, en perjuicio de terceros. Es… mi "opinión".