El 11-M cayó en jueves y el domingo siguiente fueron las elecciones generales de 2004. En los primeros momentos, muchos creímos en la autoría de ETA, pero conforme se avanzaba en la investigación, la autoría yihadista parecía ser más posible. El Gobierno, que ya tenía mucha más información que la ciudadanía, no sólo siguió aferrado a la autoría de ETA, sino que organizó una campaña de desinformación, utilizando, entre otras cosas, a la agencia oficial de prensa (Efe) y hasta a las embajadas en países extranjeros.

La indignación y movilización de muchos ciudadanos llevaron a que el PSOE ganase aquellas elecciones cuando al comienzo de la campaña parecía tenerlas perdidas. Tras ese momento, la dirección del PP y algunos medios de comunicación afines siguieron manteniendo teorías conspiratorias que, en la opinión pública no hicieron mella, porque el PSOE con el mismo candidato, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a ganar las elecciones de 2008, pese a que ya para entonces el Gobierno había iniciado una vía de “apaciguamiento” de ETA, que se mantuvo tras el atentado del aeropuerto de Barajas.

En la campaña de estas elecciones, el candidato socialista se negaba a hablar de “crisis”, no aceptaba argumentos que no fueran el origen extranjero para un declive que terminó por hacer que España fuera el país más afectado por la Gran Crisis, de la que no salimos hasta más de seis años después y aún hasta final de la segunda década de este siglo no se había remontado algún indicador económico anterior.

Descabalgado del Gobierno, Zapatero puso en marcha un discurso que llevó al PSOE a tres derrotas electorales ante el PP, una de ellas por mayoría absoluta. En ese discurso se incluían indicios de un cambio en la política territorial, sobre la base de la postura mantenida por el PSC, según la cual, el federalismo que mantenía el partido debía convertirse en un confederalismo o, cuando menos, en un federalismo asimétrico, para conceder a Cataluña un sistema de financiación como el del País Vasco y Navarra y un régimen de unidad lingüística con el catalán en exclusiva. También, aunque sin decirlo, una transformación del régimen autonómico que establece la Constitución para reconocer la existencia de naciones dentro de España.

Esta vía fue asumida por Pedro Sánchez cuando llegó, primero a la secretaría general del PSOE y, luego, a la Presidencia del Gobierno, sin que en ninguno de los programas electorales se incluyera nada al respecto de esos cambios, que, evidentemente, no afectan sólo a los partidos, sino al conjunto del país y, por lo tanto, deben ser debatidos por la ciudadanía en un régimen de transparencia y con el objetivo de buscar grandes acuerdos que hicieran factible su implementación.

En esa dinámica, los partidos nacionalistas de Cataluña aprovecharon la Gran Crisis para lanzar el intento de secesión que culminó en septiembre-octubre de 2017, dio lugar al procesamiento de los responsables y las sentencias correspondientes que ahora se pretenden amnistiar con un argumentario montado a toda prisa para esconder la necesidad de conseguir el apoyo de siete diputados que, lo dicen con toda claridad, van a pedir nuevos pagos en cuanto consigan éste: referéndum de autodeterminación, perdón de deudas económicas y financiación a la carta.

Todo eso (y más en otros aspectos) se incluyó en un acuerdo firmado por el PSOE, que pretende hacer creer a la ciudadanía que el gran motivo es la “reconciliación entre españoles” y que se va a resolver “el problema histórico de Cataluña”, pese a que, como ha dicho una entidad asesora en Justicia de la UE, las amnistías tienen sentido cuando se hacen por grandes acuerdos, sin prisas y sin menoscabo de otros poderes del Estado.

Ni quienes se sienten españoles en Cataluña ni las demás autonomías que van a perder en su financiación para beneficiar a otras (los recursos son escasos), ni otros poderes del Estado, ni la gran mayoría de los españoles avalan la validez de las presunciones del Gobierno y si éste cree que cediendo en todo lo que se le exige y tergiversando los argumentarios va a conseguir algo, debería mirar a los resultados obtenidos por el gobierno del PP en aquélla aciaga fecha de hace veinte años y en los vanos esfuerzos desplegados en los posteriores. No sólo hay “memoria histórica”; también la hay reciente. Resolver los problemas no es que tú lo creas, es que la sociedad perciba como justa la resolución que se les ha dado. Y ni la amnistía a los delincuentes, ni el trato favorable a los que ya son favorecidos, ni la imposición nacionalista sobre los que solo quieren ser ciudadanos lo son.