La batalla judicial en torno al Córdoba CF -y su matriz, la SAD- entra a partir de este lunes en una nueva dimensión. Tras varios meses de parón, está previsto que el juez Fernando Caballero tome posesión como titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 como sustituto del recusado Antonio Fuentes Bujalance para hacerse cargo, exclusivamente, del caso del club blanquiverde. Y lo hará con varias tareas encima de la mesa que resultan cruciales para el futuro a corto y medio plazo de la institución cordobesista, pendiente como está aún de resolver de manera definitiva su inscripción por parte de la Real Federación Española de Fútbol.

En primer lugar, el magistrado también de la Audiencia Provincial y que ya llevó el primer concurso de la sociedad iniciado en 2011 tiene que resolver la providencia que el juez sustituto temporal de Fuentes Bujalance ejecutó ante el administrador judicial la pasada semana. En la misma, requería a Francisco Estepa un nuevo informe sobre el estado y el proceso de la venta de la Unidad Productiva a Infinity Capital, algo que el letrado transmitió de forma inmediata. En la misma, dejaba de nuevo claro la importancia capital de la llegada del fondo de Bahréin para la supervivencia del Córdoba.

Del mismo modo, sin menosprecio al orden, que en este caso tampoco alteran el final, Caballero deberá decidir si admite o no trámite el recurso de recusación efectuado tras su nombramiento por Bitton Sport y Aceites García de la Cruz. De hacerlo, el proceso quedaría otra vez paralizado por tiempo indeterminado, como ya ocurriera tras la recusación de Fuentes Bujalance; de ocurrir lo contrario, el caso continuaría según lo previsto.

Fuentes consultadas por el Día consideran que en la solicitud puede haber algún defecto de forma que empujaría a esta segunda vía, aunque la decisión final queda en el magistrado, ante el que la empresa de Luis Oliver y Joaquín Zulategui ya interpuso una querella -y sobre su compañero Fuentes- sobre la que debe posicionarse el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un presunto delito de cohecho, inicialmente inadmitida y luego admitida a trámite después de un pliego de súplica resuelto de manera favorable hace unos días, según informó Cope.

Hay que recordar que tanto Bitton Sport como Aceites García de la Cruz son dos de los máximos acreedores del Córdoba CF SAD, en función de la propuesta de catalogación de deudas realizada por el administrador concursal, Francisco Estepa, y remitida a las partes el pasado viernes antes de que pase a ser firme el próximo 14 de septiembre. El grupo de Oliver reclama una cantidad de 3,2 millones de euros por los seis meses de servicios prestados en la primera mitad de 2018 tras llegar de la mano de Jesús León, mientras que el pasivo de AGC asciende a 1,275 millones tras añadir intereses y moras al préstamo de un millón al montoreño, que puso como aval la propia sociedad.

Con todo, estas primeras labores no ocultan la principal tarea que tiene por delante el juez Fernando Caballero: la ratificación del auto que permitió la venta de la UP a Infinity el pasado diciembre y que, como ha quedado demostrado, ha resultado fundamental para la supervivencia del club. Ese paso es básico para clarificar la postura de la RFEF sobre la inscripción del Córdoba desde Unión Futbolística Cordobesa, aunque no realmente necesario para tener el visto bueno federativo, ya que el primer dictamen es ejecutable pese a carecer de firmeza. Decisiones que el cordobesismo espera en el corto plazo y que pueden empezar a ver la luz tras la llegada del nuevo magistrado a su puesto desde este lunes.