El primer derribo de una parcela en la capital por una infracción urbanística puede haber cambiado la suerte de numerosas viviendas ilegales, sobre todo de aquéllas que presentan irregularidades de mayor gravedad. Éste es el mensaje que se extrae del análisis que el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, hizo ayer de la demolición de una casa de la finca del Cerro de San Cristóbal -situada en las inmediaciones del Lagar de la Cruz-. Baena, quien ya a mediados del mes pasado abundó en el endurecimiento de las sentencias contra los parcelistas, lanzó un nuevo aviso hacia quienes han construido sobre suelo ilegal. La interpretación del Código Penal ante una infracción urbanística "es más restrictiva y rigurosa para evitar el deterioro del Medio Ambiente", subrayó.

Baena detalló, sin embargo, que el órgano judicial "no actúa como policía de urbanismo" y que debe ser el propio Ayuntamiento el que denuncie las situaciones que considere ilegales. "Cada caso tiene su singularidad, pero queda claro que todo aquello que provoque un impacto visual o se amplíe de una forma grosera puede concluir del mismo modo" que esta parcela radicada en el Cerro de San Cristóbal. Caben, por tanto, pocas dudas para entender que a partir de ahora podrían dictarse sentencias que impliquen la demolición tanto en zonas de la Sierra como en el ámbito de protección de Medina Azahara, un espacio que cuenta con numerosas viviendas.

El endurecimiento de las sanciones contra las parcelistas irregulares fue precisamente la principal reivindicación de la propietaria de la casa que se empezó ayer a demoler, Francisca Rodríguez, como consecuencia de una orden judicial que fue ratificada hace sólo unas semanas. Este derribo, el segundo que tiene lugar en la provincia por idéntico motivo después del que se desarrolló el pasado año en Obejo, estuvo aparejado del drama humano que conlleva la pérdida de una vivienda después de cerca de siete años intentando frenar el desenlace de la acción de la maquinaria pesada.

Una retroexcavadora de la empresa Demoliciones Córdoba -la misma entidad que tiró la residencia Noreña, la cárcel de Fátima o el antiguo Hotel Meliá- comenzó el derribo en torno a las 16:45, ya sin la presencia de la Francisca Rodríguez, a la que sus familiares alejaron del inmueble a petición de los dos psicólogos asignados desde el Consistorio. La pinza mordisqueó en primer lugar el tejado del porche y después hizo lo propio con las planta baja y primera, la causante de que la vivienda contara con ese mayor impacto visual que condenaba la sentencia que ordenó el derribo.

Pero los impactos de la retroexcavadora, un trabajo que terminará hoy, fueron sólo el tramo final de una intensa jornada en la que hubo prácticamente de todo, desde la lógica oposición de los familiares a abandonar el recinto hasta el enfrentamiento dialéctico entre los vecinos y allegados a los propietarios y algunos de los 12 agentes de la Policía Local que se personaron en el Cerro de San Cristóbal para evitar que se desencadenaran incidentes.

Durante las casi ocho horas que transcurrieron desde el momento previsto para la demolición -a las 09:00- hasta que ésta se inició, se desarrollaron numerosas intervenciones en el inmueble. Así, en este intervalo de tiempo, aparte de retirar los últimos enseres, los bomberos se hicieron con los restos de hidrocarburos que aún quedaban en la casa y también se quitaron las ventanas, puertas y el cableado que, por motivos ecológicos, debía realizarse previamente al derribo, como así lo apuntaron las fuentes consultadas en la Gerencia de Urbanismo.

En cuanto al realojo de Francisca Rodríguez al que se comprometió el Ayuntamiento, los familiares de la propietaria del inmueble señalaron que pasó la pasada noche con ellos en lugar de hacerlo en el hotel que le ofreció el gobierno local, un recurso del que se vale el Consistorio en casos de urgencia social. Sin embargo, para las próximas semanas, el Ayuntamiento mantendrá el ofrecimiento de una plaza en un hotel mientras gestiona un piso de alquiler, tal y como detalló la teniente de alcalde de Vivienda, Victoria Fernández.