A finales del siglo XIX la sociedad española estaba experimentando una serie de cambios con el objetivo de adaptarse al nuevo siglo que entraba. En esta transición "hay de fondo un proceso de humanización, de sensibilización social", que tiene como principal exponente el clamor popular contra la pena de muerte. A pesar de que la sociedad cordobesa era todavía muy tradicional, en el aspecto penal "se estaba abriendo, lo mismo que el resto de España", asegura Tiago da Silva César, profesor e investigador de la Universidad de Córdoba (UCO). En la ciudad, uno de los casos más importantes de petición de indulto fue el del jornalero José Ortiz Puerto El Brasileño, un suceso que recoge el especialista en un artículo publicado en su último número por la revista Andalucía en la Historia, editada por el Centro de Estudios Andaluces.

La sentencia de pena de muerte dictada en 1913 a José Ortiz logró unir a todos los sectores de la sociedad cordobesa, que consideraba obsoleta esta forma de castigo. La clase política, encabezada por el alcalde y por una comisión compuesta por los diputados a Cortes Antonio Barroso, Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Hilario Ayuso y Martín Rosales; y las principales entidades de la ciudad, como la Sociedad de Orífices y Engastadores, la Unión Mercantil, el Colegio Pericial Mercantil, el Círculo de la Amistad, la Asociación de la Prensa de Córdoba, la Sociedad de Socorros Mutuos de Orífices y Plateros, el Club Guerrita, la Real Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del País y la Sociedad de Ganaderos, entre otras, pidieron el indulto del jornalero.

A esta solicitud se sumaron el resto de sociedades, como las de albañiles, carpinteros, canteros, pintores, ebanistas, zapateros, metalúrgicos, confiteros, toneleros, agricultores, guarnicioneros, marmolistas, jugueteros, cocheros, camareros o cocineros.

El artículo de César, titulado Vida y muerte del jornalero José Ortiz Puerto, es fruto de su tesis doctoral, La cárcel y el control de delitos en Córdoba durante el cambio de siglo (1875-1915), en la que dedica una parte a los casos de sentenciados a la pena capital en este periodo. Fue así como conoció la historia de El Brasileño, que finalmente murió por garrote vil el 30 de abril de 1914.

"José Ortiz fue autor de un triple asesinato, y fue juzgado y sentenciado por ello", manifiesta el investigador de la UCO, por lo que finalmente la movilización de las instituciones cordobesas y su petición al Gobierno y al Rey no sirvió de mucho. Era "algo bastante normal que la sociedad cordobesa y la española en general pidieran los indultos para los reos sentenciados a muerte". Tan solo durante el periodo de la Restauración en Córdoba hubo nueve ejecuciones y en todas se solicitó la conmuta por otro castigo.

José Ortiz Puerto mató a golpes y cuchilladas a su ex novia y la madre y cuñada de ésta en un cortijo situado en Alcolea. Aunque intentó fugarse, la Guardia Civil lo detuvo y fue juzgado y condenado a la pena capital. Finalmente fue agarrotado en el patio de la prisión provincial de Córdoba, por aquel entonces el Alcázar de los Reyes Cristianos, tras casi dos años de internamiento.

Las clases políticas y acomodadas de la época usaron su caso "como imagen despectiva de una política del castigo que se consideraba ya harto obsoleta, además de justificación para la implantación de medidas a favor del encauzamiento moral-conductual de las capas populares", asegura el investigador en su artículo.

La mayoría de los ajusticiados en esa época eran personas que provenían de clase social baja, gente que vivía en el campo o que hacía pequeños trabajos en la capital; es decir, hacía vida "entre el campo y la ciudad, dos mundos que eran paralelos".

Para las clases acomodadas, la pobreza y su entorno de miseria eran sinónimo de crimen y los analfabetos eran considerados personas "imposibilitadas de ser responsables de sus acciones". Así lo plasmó el decano del Colegio de Abogados, Luis Valenzuela, en su estudio El derecho y la fuerza, escrito a propósito de la ejecución de El Brasileño. Por este documento fue felicitado por la Sociedad Económica de Amigos del País.

Pero, sobre todo, esta campaña vino dada por las transformaciones que la sociedad vivió en este periodo y por una mayor sensibilización frente al sufrimiento. Por este motivo, desde el último cuarto del siglo XIX las clases dirigentes se movilizaron en pro de humanizar las condenas a los reos.

En esta época se utilizó la pena de muerte como medida ejemplar aunque ya en esos momentos "estaba cayendo en desuso, de ahí las peticiones de indultos". El investigador de la UCO explica que en principio la sociedad sólo criticaba la ejecución y no fue hasta el cambio de siglo cuando se produjo una crítica más fuerte a la propia pena. "Es entonces -concluye el profesor- cuando empieza el proceso del abolicionismo de la pena de muerte en España".