La tribuna

Carmen Sáez Lara

Veinticinco años después

Se acaba de conmemorar el veinticinco aniversario del nacimiento del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), órgano concebido, según la ley que lo instituyó, para servir de catalizador del diálogo social entre la Administración autonómica y los agentes sociales, favoreciendo de este modo la institucionalización de mecanismos de participación que tuviesen la virtualidad de dinamizar nuestro sistema productivo. De forma retrospectiva, puede afirmarse que la labor desempeñada por el CARL en este cuarto de siglo ha cumplido satisfactoriamente tales objetivos. El camino recorrido ha sido, sin embargo, laborioso y no ha estado exento de dificultades, especialmente cuando era preciso gestionar, con el mayor grado de acierto y con la debida ponderación, las elevadas dosis de conflictividad, derivadas de los ajustes provocados por el traumático proceso de reestructuración y modernización de nuestro tejido productivo, o los efectos perniciosos que, sobre el delicado mercado de trabajo andaluz, han venido proyectando los distintos periodos de desaceleración económica padecidos por nuestro país.

Es precisamente en estas especiales circunstancias en las que se ponen de relieve con mayor nitidez las ventajas de contar con un marco estructurado de encuentro para que las organizaciones empresariales y sindicales, por un lado, y la Administración autonómica, por otro, afronten con madurez y responsabilidad el importante papel que tienen encomendado en nuestra sociedad, contribuyendo a la superación de los obstáculos que se presenten y, consecuentemente, coadyuvando en la consecución de mayores niveles de desarrollo en nuestra Comunidad.

En la actualidad, una vez consolidado plenamente el modelo democrático de relaciones laborales diseñado por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía, y renovado el compromiso de éste último en el progresivo fortalecimiento del marco competencial autónómico, puede decirse que el CARL se ha erigido en el referente indiscutible a la hora de entender el grado de desarrollo alcanzado en la articulación del diálogo social en Andalucía.

No en vano, su labor se ha visto avalada por el hecho de haber propiciado la existencia de una estructura estable de participación institucional que, lejos de desempeñar un papel coyuntural en determinados momentos de dificultad, han servido de cauce permanente para mantener abierto el diálogo. Todo ello ha dado valiosos frutos, como los pactos de concertación social que, desde el precedente del alcanzado en 1993, han ido jalonando periódicamente la última década en la que han propiciado un clima de entendimiento que, sin duda, ha favorecido el notable crecimiento económico experimentado por Andalucía.

Por otra parte, y al margen de la importancia del impulso de la concertación, no cabe desdeñar la función desempeñada por el CARL en la gestión cotidiana de la negociación colectiva y la conflictividad laboral. Especialmente significativa a tales efectos, ha sido, por un lado, la extensión progresiva de los niveles de cobertura convencional y el correlativo aumento de los trabajadores amparados por un convenio colectivo; de otro lado, y gracias a la suscripción por los agentes sociales del Acuerdo Interprofesional por el que se instituyó, en el seno del CARL, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA), los trabajadores y empresarios han contado con cauces más ágiles y flexibles para la solución de sus controversias, lo que se ha traducido en una significativa reducción de la intervención de Jueces y Tribunales de lo Social, marcando una línea de tendencia que corrige situaciones pretéritas de excesiva judicialización.

Es conocido por todos que las relaciones laborales tienen pendiente antiguos y nuevos retos, como la igualdad de género, la inclusión de colectivos desfavorecidos o la mejora de la situación laboral de los jóvenes. Igualmente es necesaria una adaptación del sistema de relaciones laborales a las exigencias impuestas por los cambios tecnológicos y la globalización que caracterizan a la llamada Nueva Economía. Junto a estos aspectos estructurales, la economía española, en un contexto de incertidumbre y desaceleración de la economía a nivel internacional, parece estar iniciado un ciclo marcado por unos ritmos de crecimiento más atenuados y un menor dinamismo del empleo, lo que nos enfrenta a nuevos escenarios en los que parece más necesario que nunca la participación y el diálogo para el logro de acuerdos con los interlocutores sociales. En este sentido, es de justicia reconocer que el avance experimentado en la consolidación de un modelo autonómico de relaciones laborales basado en el diálogo social, constituye una garantía para afrontar con decisión éstas y otras cuestiones que puedan plantearse en el futuro.

Carmen Sáez Lara

Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba.
Miembro del Consejo Consultivo de Andalucía

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