La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate deja tres consideraciones: la impunidad con la que actúan los narcotraficantes, la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el desacierto de una operación para la que no se contaba en esos momentos con los recursos suficientes. De la inmunidad da cuenta que, desde hacía varios días, varias lanchas de narcotraficantes se venían refugiando del temporal en el puerto de Barbate. A la vista de todos, esperaban a que la mar se calmase para proseguir con unos viajes que realizan de manera constante entre sus lugares de aprovisionamiento de la droga y los de descarga. Actúan de este modo porque saben que pueden escapar, fácilmente, de la Guardia Civil; porque no hay un delito que cubra el aprovisionamiento de combustible en el mar y, en todo caso, porque las penas son bajas en comparación con los previsibles beneficios económicos que van a lograr. La Guardia Civil no pudo enviar a las patrulleras porque sus lanchas rápidas estaban en reparación a causa de choques en abordajes anteriores, por lo que se dio la orden el viernes de enviar a varios agentes en una zódiac minúscula en comparación con las gomas y la propulsión de los narcos. Varias lanchas escaparon al ver llegar a la Guardia Civil, pero la tripulación de una de ellas decidió impactar contra la de los agentes en un acto de crueldad que fue jaleado por varias personas que veían este lamentable suceso desde el muelle barbateño. Se trató de un acto premeditado, de un homicidio que algunas autoridades han calificado de asesinato. El juicio lo decidirá, porque hay ocho personas detenidas, entre las que se encuentran el patrón y los tripulantes. Las explicaciones que ha dado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentan negar una evidencia que ha visto todo el mundo: faltan medios y sobra soberbia, algunos éxitos no pueden ocultar una realidad muy sonrojante para el Estado.