Editorial

No hay disculpas para Tardà

DURANTE los últimos meses se han venido sucediendo, desde ámbitos políticos muy concretos, diversas críticas a la Monarquía que se profirieron en forma de insultos directos al Rey. Han sido asuntos polémicos, pues si bien la Constitución y el Código Penal castigan las injurias a los miembros de la Casa Real, también la Ley Fundamental ampara la libertad de expresión, de ahí que la colusión haya generado un amplio debate en los medios de comunicación. Nada de esto tiene que ver con lo sucedido con el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Joan Tardà, quien gritó al término de una manifestación de las juventudes de su formación el sábado pasado "¡Viva la República! ¡Muera el Borbón!". La frase no sólo es desafortunada, sino que su llamada a la muerte incurre en un posible delito que la Fiscalía debe investigar mejor hoy que mañana. Las explicaciones dadas por el diputado son bastante ridículas:se trata, según él, de una expresión "metafórica" y "normal en Cataluña" porque se refiere a la Guerra de Sucesión: ¡Un conflicto dinástico que enfrentó a Borbones y Habsburgos hace tres siglos! Lástima, para el argumento de Tardà, que antes también voceara que el Tribunal Constitucional es un "órgano corrupto" en un acto donde, además, se quemó un féretro que simbolizaba a la Constitución de 1978. Lamentables han sido, por otra parte, las declaraciones de José Bono, el presidente del Congreso, en las que disculpa al diputado porque él cree que Tardà, una persona un poco "primaria", "no siente" algo así. Frente a la actitud relativista de Bono, sí ha estado en su lugar el presidente del Senado, el también socialista Javier Rojo, que ha considerado inaceptable ese grito de muerte. En este asunto no caben disculpas. Un diputado, representante de la Nación, no aboga por un cambio de sistema político, como la Monarquía, sino por la eliminación de su propio titular en una manifestación pública donde participan jóvenes independentistas y a los que alienta con un mensaje cargado de odio cuando no de violencia. Por la condición de aforado, deberá ser el Tribunal Supremo el que dictamine cuál es la gravedad de esta llamada a la muerte.

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