NO sé si a la dirección del PSOE le mueve realmente, como se ha sugerido, la codicia electoral cuando se plantea conceder el derecho de voto a los inmigrantes extra comunitarios residentes en España en las próximas elecciones municipales. Si esa fuera la razón oculta, habría que reprobarla. El afloramiento y explotación de un granero de votos a favor de un partido, enmascarado bajo una acción filantrópica, es una hipótesis tan simplista que parece más bien el argumento de quienes se oponen a extender el voto a los inmigrantes por motivos más profundos que por sus teóricas preferencias. No me fío de unas explicaciones tan cándidas y con tal carga intencional. Hablamos de asuntos más densos.

La concesión del voto a todos los inmigrantes no comunitarios no es tan fácil ni los réditos directos tan seguros. Durante la II República la izquierda perdió las elecciones cuando se aplicó el sufragio universal en 1933. Es un asunto que tiene mucha más miga de la que le atribuyen aquellos que se han puesto a hacer cálculos estimativos de los votos que colectará el PSOE, y solo el PSOE, con la propuesta e incluso cuáles son las nacionalidades más proclives (¿?) a apoyar a los socialistas en unas elecciones, las municipales, donde el voto se mueve más por el atractivo de los candidatos que el de las siglas.

Es aconsejable ir más despacio, mucho más. De otro modo, habrá que entender que esa reacción perentoria y a tontilocas lo que pretende es desacreditar el debate que plantea la iniciativa: la ampliación de un derecho fundamental a todos los residentes extranjeros de fuera de la UE que viven entre nostros y contribuyen al mantenimiento de los servicios del Estado.

No va a ser tan fácil otorgar ese derecho a todos los inmigrantes y, en particular, a los marroquíes, a quienes se atribuye una especial simpatía hacia el PSOE, quizá por el simple hecho de su valor cuantitativo: son muchos. La Constitución, como se sabe, exige para conceder el voto a un imigrante un trato recíproco para los españoles. Por más que he leído, no he encontrado cuál es la solución para salvar ese escollo constitucional para los nacidos en aquellos países de los que no cabe esperar en principio una inmediata correspondencia, como Marruecos. Lo de la firma de tratados de reciprocidad es una solución problemática, pues depende de otros países. ¿Y qué ocurriría con los inmigrantes provenientes de naciones donde no se puede votar o no reúnan las debidas garatías democráticas?

Salvo que España afrontara, claro, una reforma constitucional, lo que exigiría un consenso que va mucho más allá de una iniciativa legal del partido en el gobierno y de un ardid para capturar votos.