El grupo municipal de Izquierda Unida, la parte mayoritaria dentro del gobierno municipal, asegura que no se han cometido fallos en el sistema de control interno de la Policía Local durante el caso de manipulación de datos. Sin embargo, los hechos son tozudos. Tres de los agentes expedientados, uno de ellos propietario de una vivienda irregular, han sido acusados por una investigación interna de la Secretaría General de alterar documentos oficiales durante cuatro días seguidos, entre otras irregularidades que han sido puestas en comunicación de la Fiscalía.

El argumentario de IU, por boca de su portavoz, Francisco Tejada, es que el sistema ha funcionado porque los funcionarios que alteraron los datos han sido pillados. La realidad es bastante menos benévola: los agentes no han sido expedientados por un proceso ordinario sino por una cuestión extraordinaria, la investigación realizada por la Secretaría General, y no por mecanismos propios de la Policía Local. Entre los fallos detectados, se da por hecho una falta de control en el acceso a los ordenadores que pueden realizar cambios usando claves antiguas que no fueron anuladas. Lo habitual en las fuerzas de seguridad del Estado es que los agentes puedan consultar en las pantallas pero que los cambios de datos se realicen tan sólo en determinadas condiciones.

Según el relato de hechos de la instructora, tres agentes tuvieron acceso (la propietaria y dos compañeros) al sistema informático los días 11, 12 y 14 de enero (viernes, sábado y lunes) para alterar datos de carácter personal de un expediente urbanístico. Posteriormente, dos de los tres agentes volvieron a entrar en el sistema informático de la Policía Local los días 14 y 15 de enero de datos internos de otro expediente incoado por la construcción ilegal de una vivienda. Todo ello, con el objetivo de que pareciera que habían estado tramitando con normalidad las investigaciones sobre viviendas irregulares que se efectuaban desde el servicio de disciplina de la Policía Local.

El caso adopta tintes berlanguianos conforme más detalles se conocen. Algunas cuestiones podrían haberse evitado, pero otras forman parte del esperpento valleinesclanesco. Es el caso del único mando que se encuentra expedientado. Entre otras cuestiones, se ha detectado que a este oficial se le entregó un anónimo confidencial que había llegado desde la Guardia Civil en el que se aseguraba que una pareja de agentes que trabajaba en la Línea Verde se había levantado una vivienda sin licencia. El mando encargó la verificación de los datos a uno de los propietarios de la casa, el único matrimonio que trabajaba en ese servicio del cuerpo municipal, directamente señalado en el anónimo. La investigación ha descubierto que la comprobación se efectuó sin consultar a los agentes que patrullan la zona y que se permitió un cambio de turno a la agente expedientada que le permitió el acceso a los ordenadores, lo que hizo posible entrar en el banco de datos del Consistorio.

El gobierno municipal se esforzó ayer en recalcar que no se ha perdido ningún dato ya que se realizan copias de seguridad cada día y se tiene constancia de que los documentos en papel no fueron alterados. Esa afirmación es puesta en duda desde el PP y se trata de una cuestión clave. En el caso de que se modificaran expedientes abiertos, quedaría en entredicho la seguridad jurídica de los casos que se tramitan en el servicio policial de disciplina urbanística y que podrían haber quedado contaminados. En principio, el portavoz de IU no contemplaba ayer la adopción de medida interna alguna para revisar qué archivos informáticos se alteraron. El edil del PP Federico Cabello de Alba resumía la situación desde su experiencia de comisario: "Me cuesta trabajo creer que estas cosas pasen sin que se conozca".