El reciente debate sobre las consecuencias del calor en los centros educativos, la mayoría de los cuales no dispone de sistemas de climatización, se coló ayer en el Palacio de la Merced. Y es que el Pleno, haciéndose eco de una proposición de Ganemos, aprobó una enmienda de sustitución respaldada por todos los grupos políticos con la instó a la Consejería de Educación a que, "a la mayor brevedad posible", concluya la "evaluación sobre la climatización de los centros docentes públicos". Una vez realizado el informe, la corporación pidió a la Administración autonómica que "priorice sobre la mejora del aislamiento del calor exterior, la reducción de emisión de calor de los sistemas eléctricos y lumínicos y la implantación de arbolado y sombras verdes en los centros educativos lo necesiten". El objetivo no es otro que "mejorar las condiciones en las aulas".

En un plano más general, la Diputación se comprometió a "avanzar" en "la elaboración y puesta en marcha de planes de actuación para la reducción de la temperatura de ciudades y municipios para revertir la acción del cambio climático". En concreto, avanzó su compromiso para "tomar medidas para generar en las ciudades microclimas más frescos, incrementando las superficies arboladas y fomentando las superficies permeables en lugar de pavimentadas de granito y asfalto".

La proposición original de Ganemos exigía a la propia Diputación la creación de un plan de apoyo a los municipios de la provincia para realizar las mejoras necesarias en los centros escolares". El objetivo era doble: reducir la emisión de calor de los sistemas eléctricos y lumínicos y conseguir una mejora en el aislamiento del calor exterior. Este acuerdo, sin embargo, desapareció en el texto finalmente aprobado.

La sesión, con 40 puntos, despachó en apenas 30 minutos y sin apenas debate todos los asuntos de gestión. Las discusiones, por tanto, se centraron en las proposiciones presentadas por los distintos grupos. La que más controversia causó fue la defendida por el portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, quien elevó una proposición que requería a los grupos a dejar fuera del debate los asuntos que no atañen directamente a la provincia o que no sean competencia directa de la Diputación. La iniciativa provocó el rechazo unánime del plenario. La portavoz de Ganemos, Ángeles Aguilera, defendió que "vivimos en una aldea global y todo está interrelacionado", mientras que la diputada de IU Ana Guijarro incidió en que "los cordobeses tienen mucho que decir en asuntos como la cooperación internacional". Por el PP, su portavoz, Andrés Lorite, apeló a que "la Diputación también tiene que ejercer la defensa de los intereses de la provincia", mientras que la portavoz del PSOE, Ana Carrillo, afeó a Vilches que su proposición "intenta poner piedras al trabajo de los grupos políticos". "Lo que se trae es la mayoría de las veces un corta y pega, y se discute con tan poco nivel que tampoco se aprende nada", concluyó el portavoz de C's.

En cuanto a gestión, el Pleno aprobó una modificación de crédito destinada a dotar económicamente el programa Compromiso por Córdoba, que la institución provincial firmó el pasado año con UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). En concreto, la institución destina 30.000 euros a cada una de estas formaciones, "con el objetivo de favorecer la inserción laboral, la empleabilidad y el empleo estable". El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) destina otros 150.000 euros para este fin.

La corporación también dio luz verde a la aprobación definitiva del programa anual de colaboración con las entidades locales en materia de modernización y administración electrónica 2017. "En el marco de esta convocatoria, dotada con 150.000 euros, se han recibido 74 solicitudes, cada una de las cuales recibirá 1.875 euros para mejorar infraestructuras y dotar de nuevos equipos a los ayuntamientos", explicó Carrillo. También salió adelante la ratificación del protocolo general de colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía para la mejora de caminos rurales de titularidad pública. El portavoz de IU y diputado provincial de Agricultura y Caminos Rurales, Francisco Ángel Sánchez, subrayó que el plan supondrá una inversión aproximada de 13.300.000 euros entre los ocho millones de euros que destina la Junta y el 40% que pondrá la propia institución.