La huelga de letrados de la administración de justicia convocada el pasado año elevó la cantidad de juicios suspendidos en Córdoba hasta un 40% de todas las sesiones señaladas a lo largo del año pasado, lo que representa un incremento de diez puntos respecto a 2022. Este es uno de los datos que aparece incluido en la memoria relativa al del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), hecha pública este viernes.

El texto recoge también que una de las subidas más destacadas es en el caso de la jurisdicción social, con un incremento de hasta el 57%, mientras que en la jurisdicción civil que ha subido del 25% a 39%. 

La memoria del Alto Tribunal explica que esta incidencia "constituye, sin duda, un obstáculo para la buena marcha de los órganos jurisdiccionales y prolonga en exceso el tiempo de finalización del proceso" y añade que "pone de manifiesto la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales e incidencias en las fases previas al señalamiento, así como llevar a cabo cambios en la organización de las oficinas judiciales".

El principal motivo de la suspensión de los juicios se debe a la huelga de letrados que se convocó durante el año pasado y que afectó a todas las audiencias provinciales andaluzas.

Más de 4.100 asuntos

La Audiencia Provincial de Córdoba -compuesta por tres secciones, una civil y dos penales- ingresó el año pasado, según los mismos datos, un total de 4.136 asuntos: 2.529 penales y 1.607 civiles. Además, a lo largo de 2023 se registraron  2.529 asuntos penales, un 10% menos que en el ejercicio de 2022, y se resolvieron 2.429, un 15% menos.

También durante el pasado ejercicio se resolvieron 112 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones. De todos los asuntos penales iniciados, el 7% corresponde a procesos en única instancia.

Por su parte, de los 167 procesos penales en única instancia registrados el 67% corresponde a procedimientos abreviados, el 32% a sumarios, y el 1% restante a procesos de la Ley del Jurado. Por otro lado, los 2.245 recursos iniciados son en un 60% apelaciones de autos, en un 11% apelaciones de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y en un 10% apelaciones en procedimientos por delito.

Del total de la carga de trabajo penal (asuntos pendientes a principio de año más asuntos registrados) la Audiencia de Córdoba resolvió el 84%, "lo que permite hablar de esfuerzo resolutivo", según destaca el TSJA en su memoria.

Además, durante al año pasado se dictaron un total de 2.396 resoluciones penales, 728 sentencias y 1.668 autos finales. 

Menos asuntos ingresados

La actividad penal de la Audiencia Provincial de Córdoba tiene una tendencia de disminución del número de asuntos ingresados y resueltos. Así, el año pasado "se ha resuelto menos de lo que se ha ingresado, por lo que ha aumentado ligeramente la pendencia", recoge la memoria.

El texto señala también que el volumen de asuntos resueltos revela laboriosidad de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo se ha resuelto en la Sección Segunda el 87% y en la tercera el 80%, por lo que se ha incrementado la pendencia. En este caso, la tasa de pendencia  da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, en torno a los tres meses.

No obstante, el TJSA señala que partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por Magistrado y año para las Secciones Penales de Audiencias Provinciales, esa cifra es superada ligeramente en la Sección Segunda.

Durante 2023, en la Audiencia de Córdoba se registraron 1.607 asuntos en materia civil (un 18% menos) y se resolvieron 1.760 (un 4% menos), con lo que la pendencia ha bajado un 9%.

La carga de trabajo civil fue de 3.216 asuntos (pendientes a principio de año más registrados) y de ella se ha resuelto el 54% a lo largo del año.

Además, de los 1.443 recursos civiles iniciados, el 22% corresponde a recursos de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física; el 32% corresponde a apelaciones de restantes juicios ordinarios; el 13% apelaciones de Juzgados de familia; el 19% a apelaciones de autos, el 9% a juicios verbales y el 2% a resoluciones del Juzgado de lo mercantil.

Resoluciones civiles

En total, a lo largo del año pasado se dictaron 1.542 resoluciones civiles, que se distribuyeron en 1.145 sentencias y 397 autos. De estos, 394 resuelven recursos clasificándose en 37% estimatorios, 60% desestimatorios y 3% anulatorios.

En el último año, se ingresaron un 19% menos asuntos y se resolvieron menos que en 2022. No obstante, como se han resuelto más asuntos que los ingresados, la pendencia ha bajado.

El TSJA destaca también que el volumen de asuntos resueltos revela una buena laboriosidad de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo civil se ha resuelto el 54%. La tasa de pendencia nos da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, a partir de diez meses, plazo elevado.

Como conclusión, el Alto Tribunal señala en su memoria que "partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 200 asuntos por magistrado y año para las Secciones civiles de Audiencias Provinciales, esa cifra justificaba incrementar la planta judicial, tal y como ha sucedido con el Real Decreto 1170/2023, de 27 de diciembre, de creación de unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023".

Así, concluye que "sin perjuicio de ello, es necesario valorar un posible incremento mayor y, en su caso, el mantenimiento de medidas de apoyo judicial, consistentes en comisión de servicio con relevación de funciones o adscripción de un juez de adscripción territorial, con el objetivo de reducir la bolsa de asuntos pendientes y tiempos de respuesta".

Al borde del colapso

La valoración final de la situación, tal y como recoge la memoria, es negativa y las conclusiones son similares a las de los últimos años, máxime a la vista los datos estadísticos de 2023 y volumen de asuntos pendientes.

El que "la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente sólo responde a la realidad. Y si no ha colapsado todavía se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen en general quienes trabajan día a día en los Juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas, y de recursos, junto a unos niveles de litigiosidad nunca sometidos a métodos y criterios de razonabilidad y sostenibilidad", indica el documento.

La memoria refleja la falta de modernización del poder judicial, por lo que vuelve a apelar "a la responsabilidad de los encargados de la gestión política que venimos remarcando de forma insistente desde hace ya más de una década".

En este sentido, asegura que "nada se ha materializado durante 2023 en torno a tres ejes de actuación para modernizar y transformar la Administración de Justicia: organizativo (promoviendo la eficiencia operativa de este servicio público), procesal (cambios profundos en el proceso penal, al tiempo que se incide en el uso abusivo de la jurisdicción) y tecnológico (consiguiendo la ansiada transformación digital e incrementando la cohesión y coordinación territorial)".

También indica que "nuestros responsables políticos siguen frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado, dejando transcurrir períodos temporales significativos que abarcan varias legislaturas. Las fuerzas políticas deberían ser conscientes de la necesidad y urgencia en conseguir cambios en nuestro sistema de justicia. Y 2023 ha sido un nuevo año perdido".