Si tomamos como punto de referencia el bienestar de la infancia, en sus antípodas nos encontraríamos con la violencia y el maltrato hacia niños y niñas, aunque los datos no reflejan más que la punta del iceberg. Entre otros motivos, porque las denuncias son mínimas, y porque no hay un reconocimiento social de que ciertos actos se pueden considerar maltrato, lo que lleva a algunas fuentes, como la Asociación Española de Pediatría, a señalar que solo se conoce entre el 10% y 15% de este problema. En la misma línea, una encuesta realizada este año por Educo señala que un 29,5% de niños y niñas afirma haber sufrido acoso, bullying u otras formas de violencia en el colegio. Se trata de un fenómeno complejo, con consecuencias físicas, educativas y emocionales para sus víctimas y que también afecta al conjunto de la sociedad.

Del mismo modo, si nos enfocamos en las condiciones cercanas al bienestar infantil, muchas personas coincidirían al señalar un entorno escolar seguro y protector, algo que sólo genera beneficios, también muy diversos, para el alumnado, por supuesto, pero también para todos los profesionales de la educación, y por extensión a toda la sociedad. La evidencia constata una correlación positiva entre el alumnado que se siente física y emocionalmente seguro y su rendimiento académico. Además, un entorno libre de violencia favorece la labor docente y crea espacios más colaborativos, mejorando la salud emocional del alumnado y contribuyendo a desarrollar adultos sanos y cualificados, más allá de las competencias adquiridas.

Ya que abordamos el ámbito educativo, y más concretamente su función protectora, es importante destacar que ha transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección introducida por la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), cuyo objetivo es velar por la protección de todo el alumnado y garantizar sus derechos en todos los espacios, incluido el virtual. Sin embargo, a día de hoy se dispone de escasa información para saber cómo está funcionando esta figura. Los profesionales de la educación y la protección a quienes hemos consultado en nuestro informe La figura del Coordinador/a de Bienestar y Protección. Generando entornos protectores y de buen trato en los centros educativos destacan importantes lagunas en torno a su rol. Como prioridades más urgentes señalan la necesidad de contar con figuras preparadas y formadas que tengan capacidad de enfrentarse a las situaciones que se van a presentar. En la práctica, los coordinadores expresan su preocupación por tener tiempo sólo para hacerse cargo de los casos más graves que requieren intervención, obviando cuestiones claves para hacer frente a la violencia, como el trabajo de prevención, la comunicación con las familias, la formación a alumnos y otros profesionales, o la coordinación con el resto del profesorado. Desde muchos centros educativos también se incide en que es necesaria la profesionalización y la liberación horaria de esta figura para que realice su labor de forma adecuada. Igualmente se desprende que es muy difícil encontrar a una persona que reúna todas las aptitudes, formación y habilidades para realizar las funciones, tal y como vienen especificadas en la normativa.

Por último, es importante señalar que estamos en el proceso de construcción de estos entornos integrales protectores y el margen de mejora es amplio. Se trata de un cambio cultural, procedimental, normativo y presupuestario significativo en ámbitos y niveles muy diversos que necesita tiempo, coordinación y objetivos compartidos. Los centros educativos no deben ser los únicos puntos de referencia para erradicar la violencia, aunque sí deben ser una palanca importante. No olvidemos que nos referimos a un problema que destaca por su hermetismo, su carácter oculto y su multidimensionalidad, por lo que es necesario actuar de forma coordinada tanto a lo interno de la Administración y sus distintas competencias como en la acción conjunta de ésta con los centros educativos y con entidades que trabajan por objetivos comunes. Los centros sienten una gran presión ante las crecientes demandas que tienen ante los cambios legislativos y de otra índole a los que tienen que dar respuesta de manera eficaz y eficiente. En este sentido, desde Educo y otras entidades de infancia mostramos nuestra disposición y apoyo a la Administración y a los centros educativos para que esta importante labor de coordinación de bienestar y protección pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles. Formar al resto de agentes de la comunidad educativa y reforzar el conocimiento de la existencia de las unidades de apoyo puestas en marcha por la Consejería de Educación son ejemplos de la importancia de la coordinación entre actores diversos ante este gran reto de garantizar la protección de la infancia.