Abrir las aulas, encender las luces, calentar las clases, limpiar y mantener las instalaciones, brindar a los docentes acceso a internet… Todo eso le cuesta lo mismo a un colegio público que a un colegio concertado. Del mismo modo, no existen poderes mágicos especiales a través de los cuales los directivos de los centros concertados necesiten menos horas para poder realizar sus funciones de organización, coordinación y planificación, ni las necesidades de atención y apoyo de los alumnos varían en unos centros y otros. No, la realidad es que todos somos iguales ante los gastos esenciales y, a pesar de la afición de algunos a colocar etiquetas, todos los colegios y todas las familias tenemos las mismas o muy similares necesidades y todos formamos parte de un sistema único que garantiza a las familias la posibilidad de elegir la educación que desean para sus hijos.

Así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico, empezando por nuestra norma fundamental, la Constitución, que ampara en su artículo 27 el pluralismo educativo. El propio Tribunal Supremo ha reconocido que la educación concertada juega un papel que no es subsidiario sino complementario “para la prestación del servicio público de la educación”. Una doctrina que se irradia a todo el aparato normativo sobre educación en el conjunto del Estado. Sin ir más lejos, la ley de Educación de Andalucía de 2006 (promulgada con un gobierno socialista) establece de forma inequívoca la igualdad de derechos entre el sistema público y concertado. De ellos dice que son idénticamente fundamentales para garantizar el servicio público de la educación. Y así se definen ambas redes en su art. 3: Sistema público de educación. Harina de otro costal es que esa igualdad nunca se haya llevado a efecto de forma real.

Pero que así haya ocurrido hasta ahora no debe ser motivo para que no se corrija la situación y se cumpla con la normativa. La situación que hemos vivido es una verdadera anomalía legal, además de educativa. Y no ocurre en ningún sitio de Europa. Al contrario de lo que se piensa, la proporción de enseñanza concertada en nuestro país no es en ningún caso superior a la de la mayoría de países europeos. Al contrario, por ejemplo, en el Reino Unido, la educación concertada representa el 55% del sistema educativo. En lo que sí somos una verdadera excepción comunitaria es en el hecho de integrar al 22% del alumnado en algunas etapas educativas y recibir solo el 16% del presupuesto. Es insólito, es ilegal y, por encima de todo, es injusto. Pues, a pesar del tópico interesadamente difundido, los centros concertados cubren también una amplia variedad socio-económica de familias.

Ahora que hablamos de presupuesto y de inversión en el futuro. Es necesario, pues, que la Junta de Andalucía avance para ajustar la situación real de la financiación educativa al principio de pluralismo establecido por la Constitución y de igualdad entre los centros de diversa titularidad marcado por la ley andaluza. Para ello, lo primero es corregir la desigualdad económica entre centros públicos y concertados en la partida llamada de “otros gastos”, que incluye todo aquello que no son las nóminas de los profesores: personal no docente, gastos directos, gastos indirectos, gastos generales y en definitiva todo lo que cualquier centro necesita para abrir sus puertas cada día, además del profesorado. Según un informe independiente elaborado por profesores de la Universidad Loyola Andalucía, cada centro concertado cuenta cada año con entre 5.000 y 6.000 euros menos por unidad/aula que un centro de titularidad pública, debido a este déficit de la partida de gastos generales.

En segundo lugar, es necesario avanzar en la equiparación de la dotación de recursos humanos y materiales entre unos centros y otros. En la actualidad, los centros concertados atienden a más alumnos por unidad que los centros de titularidad pública, los profesores de los centros concertados atienden a más alumnos por unidad que los centros de titularidad pública, y la dotación de recursos del profesorado de los centros concertados es claramente inferior a la dotación de los centros de titularidad pública. Y como decía antes, los centros concertados no tienen ningunos poderes mágicos especiales a través de los cuales podamos hacer más con menos.

La Administración andaluza, que gestiona el sistema de educación público, debe garantizar la igualdad de servicios de sus dos redes de educación y, para ello, es necesaria la igualdad de medios. Acabar con la histórica discriminación de la concertada es cumplir la ley, hacer justicia y velar por una educación de calidad para todos. Desde estas líneas, animo a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, a que siga avanzando en esa dirección, que es sin duda una dirección de progreso.