POR mucho que se empeñen los alcaldes de la nueva izquierda, tan anticlerical como la de siempre, el sustrato judeo-cristiano de nuestra cultura no se diluirá en un mandato municipal. Puede que algún día la sociedad española sea descreída, agnóstica e incluso atea pero seguiría siendo culturalmente católica durante generaciones.

La izquierda de la II República creyó que el catolicismo sería un escollo para la democracia. Por eso, mientras el sufragio femenino se aprobó gracias al voto contra natura y táctico de muchos diputados que creían que las mujeres, más cercanas a la Iglesia, serían influenciadas por el clero a la hora de votar, la izquierda más radical intentó prohibir hasta las procesiones de Semana Santa. Así que por estas tierras de María Santísima se cantaba una saeta que decía, mírale por dónde viene / el mejor de los nacíos / con el permiso de Azaña / y Fernando de los Ríos.

Son ya demasiados los casos en los que las alcaldías recién salidas de las urnas buscan afanosamente el enfrentamiento con la sociedad creyente cuyo peso es distinto según contemos la afluencia a los templos, la participación en actos populares o el simple sentimiento personal. Y caen los nuevos revolucionarios de postín en el mismo error en el que incurrió históricamente la vieja Iglesia defensora de la alianza entre el Trono y el Altar que tanto daño hizo al mensaje evangélico, a la convivencia social y a la libertad de generaciones de españoles.

Las creencias son personales y no es legítimo imponerlas. Y la democracia que es el gobierno de la mayoría, se convierte en demagogia si adolece de falta de respeto a las minorías. La religión, vista desde el prisma de la más absoluta neutralidad, no se diferencia en mucho de las ideologías políticas, el sentimiento nacional o la pertenencia a cualquier asociación, se amalgame ésta gracias a un equipo de fútbol, un grupo musical o cualquier interés común. A los creyentes les asiste el mismo derecho que a cualquier otro grupo a propagar su fe que no es más que su visión del mundo. Y de igual modo, a todos se les debería permitir el uso de los espacios públicos, sean para celebrar procesiones religiosas, manifestaciones o desfiles cívicos y sin más limitación que el respeto al resto de la sociedad. Muy poco demócrata es quien ocultándose tras la aparente neutralidad del estado ejerce el boicot a un sector de la sociedad, sea este el que sea.