Tribuna Económica

Joaquín Aurioles

El debate económico en 2018

No hay elecciones previstas para 2018, pero no será un año tranquilo para los estrategas políticos, que tendrán que trabajar duro preparando la munición para el que viene. El tema de la recuperación y el empleo podría estar agotándose en términos electorales debido a que, después de tres años de crecimiento continuado, las fisuras en el modelo de recuperación resultan más visibles que durante los peores momentos de crisis. Se estrecha el margen para continuar esgrimiendo la visión estrictamente cuantitativa del crecimiento y la creación de empleo desde 2014, mientras que aumenta el interés por los detalles cualitativos, como el desigual reparto de los frutos del crecimiento o la precariedad del empleo que se crea, y por sus implicaciones económicas y sociales. Entre ellas, el efecto de los bajos salarios sobre el consumo y las cotizaciones sociales, así como el aumento de la pobreza laboral entre los jóvenes con empleo (ingresos inferiores al 60% del ingreso medio) que, según la Organización Mundial del Trabajo, podría afectar en España a uno de cada cinco jóvenes trabajadores.

El otro gran protagonista económico del debate político será el desequilibrio de las finanzas públicas a largo plazo. En concreto, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la financiación del sistema autonómico. El primero es el desenlace inexorable del cruce de dos tendencias bien definidas, una demográfica y otra laboral, cuya magnitud puede verse coyunturalmente aliviada durante los ciclos expansivos del empleo, pero cuya sostenibilidad a largo plazo exige definir una estrategia en la que convendría comenzar a trabajar cuanto antes.

Bastante más crispado puede resultar el debate sobre las finanzas autonómicas, tras el cierre en falso de la revuelta catalana y con la probable formación de un nuevo gobierno independentista tras el 21-D. Por otra parte, y de forma simultánea, comienzan a moverse los hilos para el debate sobre la reforma del modelo territorial del estado, con posiciones enfrentadas en materia de coordinación y en la interpretación de los principios constitucionales que lo inspiran, especialmente los de igualdad y solidaridad. El fracaso del Estado de las Autonomías en el objetivo de reducir las desigualdades regionales proporciona a las comunidades contribuyentes a la solidaridad una excusa para acusar de despilfarro e incapacidad a las receptoras y para reclamar más beneficios en el futuro modelo de financiación.

Nadie está contento con el actual, pero las comunidades más perjudicadas, como la andaluza, son también las más interesadas en encontrar una nueva fórmula que permita resolver cuanto antes su manifiesta insuficiencia financiera. El problema es que las posiciones son tan distantes, que resulta difícil imaginar una propuesta de consenso antes de las elecciones del próximo año. La financiación autonómica se perfila, por tanto, como un tema central en el debate económico de 2018. Si Andalucía se mantiene firme en la defensa de un modelo equitativo y sin privilegios, es probable que consiga adhesiones suficientes como para levantar un importante bloque de oposición frente a las comunidades con mayor capacidad fiscal.

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