La Comisión Europea (CE) propuso ayer suavizar algunas de las exigencias ambientales a las que obliga la Política Agrícola Común (PAC), una medida que se suma a otras iniciativas adoptadas en las últimas semanas para tratar de aplacar las protestas de los campesinos europeos.

Las nuevas propuestas son “una respuesta directa a las peticiones recibidas por las organizaciones de agricultores en Polonia y otros lugares”, indicó el Ejecutivo comunitario después de una conversación telefónica entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro polaco, Donald Tusk.

En particular, el Ejecutivo de la UE pone sobre la mesa cambios en algunas de las prácticas ambientales necesarias para recibir subsidios de la PAC y exime a las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) de controles y de sanciones relacionadas con la condicionalidad. Esto aliviará la carga para las pequeñas explotaciones, que son el 65% de los beneficiarios de la PAC.

También plantea eliminar la obligación de los agricultores que reciben subvenciones de la PAC de no cultivar parte de sus tierras, las llamadas BCAM –Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales– y pasar en su lugar a un “plan de incentivos”.

“En la práctica, significará animar a los agricultores a mantener zonas no productivas, pero sin temer pérdidas de ingresos si no están en condiciones de hacerlo”, precisa el comunicado. La medida “se aplicará con carácter retroactivo, a partir de principios de 2024”.

En ese contexto, la Comisión Europea anunció que “está evaluando la posibilidad de introducir restricciones a la importación de productos agrícolas procedentes de Rusia a la Unión Europea”, pero no hay ninguna alusión a una medida de carácter general ni a las llamadas cláusulas espejo (imponer los mismos requisitos en cuestiones ambientales y otras a las importaciones), una de las principales reivindicaciones de los agricultores.

Tras el anuncio de Bruselas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) remitió a las comunidades autónomas una propuesta de modificación del plan estratégico de la Política Agraria Común.

En él se incluyen flexibilidades en los requisitos de prácticas agrarias y medioambientales que deben cumplir los productores para percibir íntegramente las ayudas. En concreto, los relativos a la labranza, el mantenimiento de una cobertura mínima del suelo, la rotación de cultivos y la supresión del barbecho obligatorio en una parte de la superficie de la explotación.

Además se pretende flexibilizar el diseño de los ecorregímenes, ayudas vinculadas a prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, entre las que destacan las que se aplican en superficies de pastos por parte de los ganaderos de la cornisa cantábrica y las prácticas de siega sostenible e islas de biodiversidad. Se incluyen cambios en las prácticas de cubiertas vegetales e inertes en cultivos leñosos, en especial en las plantaciones de secano, de modo que se permitirá establecerlas en calles alternas, el pastoreo en las mismas y el laboreo vertical en determinados periodos.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA reconocieron ayer que las propuestas de la Comisión Europea (CE) para simplificar la Política Agraria Común (PAC) son positivas pero insuficientes. El director de Asaja en Bruselas, José María Castilla, declaró que las medidas van “por el buen camino”, pero lamentó que la propuesta solamente suavice determinados controles para explotaciones de menos de 10 hectáreas.

Fuentes de COAG apuntaron la propuesta de la Comisión no aborda la competencia “desleal” de las importaciones de terceros países, considerado uno de los grandes problemas de la agricultura española. El documento “tampoco hace mención alguna al mecanismo de regulación del mercado para garantizar unos precios rentables para los agricultores”, según la organización.