La decisión de la Justicia belga de suspender las operaciones que terminaron con el desmantelamiento de Fortis no puede aplicarse a la venta al Estado holandés del negocio del grupo en ese país, según el Ministerio de Finanzas holandés, que asegura que este caso se rige por el derecho nacional. 

El Tribunal de Apelación de Bruselas suspendió ayer las decisiones del pasado mes de octubre que llevaron al despiece del banco asegurador Fortis y a la venta de sus activos bancarios en Bélgica y Luxemburgo al francés BNP Paribas hasta que los accionistas de Fortis lo autoricen. 

En respuesta a una demanda de un grupo de accionistas minoritarios, los jueces suspendieron una decisión del pasado 3 de octubre en la que Bélgica, Holanda y Luxemburgo decidieron segregar las actividades de la entidad, de forma que los activos holandeses fueron asumidos por ese Estado. 

El tribunal anuló también la decisión del 5 de octubre por la que los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo decidieron, tras nacionalizar la entidad, vender casi todo el negocio bancario (75 y 67 por ciento, respectivamente) y las actividades de seguros en Bélgica al banco francés BNP Paribas, reservándose una minoría de bloqueo. 

Según la corte bruselense, los accionistas podrán pronunciarse sobre estas cuestiones en una asamblea general prevista para el próximo día 19 y, si se decide retrasar ese voto, debe convocarse una asamblea extraordinaria para el 19 de febrero. 

Pero, según el Ministerio de Finanzas holandés, esta sentencia no puede aplicarse en el Estado de Derecho holandés, regulado por su propio cuerpo jurídico, explica la agencia holandesa ANP. 

La Haya está convencida, por ese motivo, de que el fallo de ayer no tendrá consecuencias en Holanda. 

El Gobierno holandés prevé fusionar las actividades bancarias de Fortis con las de ABN Amro -que Fortis adquirió el año pasado junto a Santander y RBS- y considera que ese proyecto tampoco queda en cuestión por la decisión judicial.