La congelación de los salarios afecta a casi 45.000 funcionarios en Córdoba

  • Los sindicatos muestran su rechazo a la medida del Gobierno central y no descartan convocar protestas El empleado público lleva cuatro años seguidos con el mismo salario

Comentarios 17

La decisión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de congelar, por cuarto año consecutivo, el sueldo de los funcionarios afectará en Córdoba a casi 45.000 empleados públicos. La decisión, como era de esperar, ha levantado las críticas de los sindicatos, que no descartan salir de nuevo a calle para protestar por la decisión del Gobierno central. A este anuncio se suma la bajada del 5% de junio de 2010 y la supresión de la paga extra de diciembre del año pasado. Eso sí, para 2014 el Ejecutivo central aseguró que los empleados públicos mantendrán sus retribuciones, incluidas las dos pagas extraordinarias.

La presidenta de CSIF, Francisca Carretero, lamentó ayer la medida y consideró que ésta "no es adecuada". La pérdida de poder adquisitivo del funcionariado público en los últimos cuatro años fue otro de los argumentos contrarios que utilizó Carretero, quien reconoció sentirse "indignada". A su juicio, el Gobierno central del PP debería ocuparse en adoptar otro tipo de medidas, como "cerrar los organismos inoperantes".

Desde la misma organización sindical recordaron que el de los empleados públicos fue uno de los primeros colectivos en sufrir los efectos de la crisis "y no vamos a consentir que sean los últimos en salir de ella". "Es tiempo de trabajar para poner las bases de la recuperación de los derechos perdidos, empezando por habilitar un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado para devolver, por lo menos, la paga extra devengada", añadió CSIF. El sindicato incidió en la necesidad de que el Ejecutivo central "tiene que asumir que para salir de la crisis debe apoyarse también sobre el motor de las administraciones públicas y abordar cuestiones como el desarrollo de un plan de recursos humanos y la provisión de plazas que evite el colapso de la Administración".

Según los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del pasado mes de enero, éstas ha eliminado en un año 2.460 empleos. En la provincia, según los mismos datos, casi 8.900 funcionarios trabajan para el Estado central, mientras que la Junta emplea a casi 24.000 funcionarios. Por su parte, los ayuntamientos y la Diputación cuentan con una plantilla de empleados públicos que se cifra en 10.058 personas, mientras que en la Universidad, la cuantía es de 1.765, según estos datos. No obstante, el número de trabajadores de la Universidad de Córdoba (UCO) registrado en este boletín difiere del que aparece en la memoria de la propia institución académica del curso 2012-2013, ya que eleva el número de empleados públicos a los 2.066.

En el caso de Córdoba, fue Junta de Andalucía la administración pública que, de manera proporcional, destruyó más empleo en el mismo periodo. En concreto, se perdieron el 6,8% de los empleos, lo que significa 1.754 contratos menos. Si la comparación se hace con 2009, el año en el que comenzaron las consecuencias de la crisis económica, el descenso roza el 8,3%, con 2.184 empleos destruidos en todo el periodo. La Administración local es la segunda que más empleo ha perdido en el mismo periodo. Así las cosas, en enero de 2013 tenía a 573 personas menos contratadas que un año antes, un 5,4% menos. El Estado, por su parte, recortó un centenar de empleos, un 1,2%; y las universidades apenas redujeron la plantilla en 25 personas en el mismo periodo. En este retroceso en el número de contratos han sido determinantes tanto la falta de liquidez de las administraciones como los límites impuestos por el Gobierno central a la hora de realizar o reponer al personal que se jubila, por ejemplo, para reducir el déficit público. Según incluye el citado boletín -que recopila los datos del personal dos veces al año, en enero y julio, aunque los que se han publicado ahora son los del inicio del año- en esas cifras están incluidos tantos funcionarios de carretera como personal laboral, eventual (son los cargos de confianza) e interinos. Pero el peso del sector se multiplicaría teniendo en cuenta otros entes (personal de empresas públicas, fundaciones, consorcios...) que no se recopilan en este estudio.

Desde UGT también mostraron ayer su disconformidad con la medida del Gobierno del PP. El responsable del área de empleo público de esta organización sindical, Isaías Ortega, mostró "su rechazo absoluto" y señaló que la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos tres años alcanza ya el 25%. También él hizo referencia a la pérdida de la paga extra de Navidad de los funcionarios y aseguró que con la aplicación de esa medida "en Córdoba dejaron de circular unos 50 millones de euros". Ortega aseguró también que su sindicato no descarta convocar movilizaciones tanto a nivel nacional como en Córdoba.

El Día intentó ayer sin éxito conocer la valoración de esta medida del sindicato Comisiones Obreras.

más noticias de CÓRDOBA Ir a la sección Córdoba »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios