Córdoba

El Pleno evita otra vez el caso Cosmos por las diferencias en el cogobierno

  • Pedro García pide otro informe al secretario después de que se incorporen dos nuevos documentos de la Gerencia en los que se defiende el proceso de innovación del PGOU

Trabajadores de Cosmos y la plataforma Aire Limpio, ayer, en el Pleno.

Trabajadores de Cosmos y la plataforma Aire Limpio, ayer, en el Pleno. / josé martínez

Los informes se acumulan en el expediente sobre la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a la cementera Cosmos sin que, de momento, haya unidad de criterio dentro del cogobierno de PSOE e IU para seguir adelante con este polémico proceso. El Pleno devolvió ayer el dictamen sobre la aprobación inicial de esta modificación del PGOU a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) con el objetivo de que se incorporen nuevos informes que den "garantía jurídica" a todos los concejales antes de que se obtenga el visto bueno de toda la corporación, según explicó ayer el presidente de la GMU, Pedro García. Estos nuevos documentos han sido realizados por técnicos de la Gerencia y vienen a contrarrestar el polémico informe del secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, en el que se alertaba de una posible "desviación de poder" y se instaba a la Gerencia a que dejara claro que el cambio urbanístico no iba a afectar a la cementera en su actividad ni en sus planes para valorizar.

Precisamente, el Pleno también le pide que realice otro documento teniendo en cuenta las nuevas apreciaciones de los técnicos de la GMU. Las afirmaciones de Lavela -que ya se quedaron encima de la mesa en el Pleno del mes anterior- han generado "dudas" a algunos ediles, aunque lo cierto es que son los propios representantes del PSOE los que no tienen muy claro la idoneidad del proceso que se está siguiendo. Hace justo un año el Pleno dio de nuevo marcha atrás a la innovación del PGOU que ya aprobó la Gerencia debido a la presión de los trabajadores y fue entonces cuando la alcaldesa, Isabel Ambrosio, optó por crear la mesa de diálogo. Fue también la regidora la que provocó que se dejara el asunto encima de la mesa en la GMU unos meses después, cuando apenas quedaba una semana para que la mesa ofreciera sus conclusiones. Ahora, otra vez el expediente de Cosmos vuelve a la Gerencia sin haber sido tratado por el Pleno y con una retahíla de informes que defiende postura completamente distintas.

Los nuevos documentos que se incorporan descartan que pueda haber desviación de poder y desde el Servicio de Planeamiento de la GMU se apunta que "hemos de indicar el carácter absolutamente legítimo de la innovación que se tramita, incluidas las actas preparatorias de suspensión facultativa y automática de licencias", la primera de ellas, además, con una "sentencia favorable". Los técnicos también señalan que la innovación que se tramita responde a una "ordenación pormenorizada" y que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de que dispone la cementera y que otorga la Junta de Andalucía "no es absolutamente determinante en el expediente de innovación en cuestión", como tampoco "el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico determina el derecho al otorgamiento de la licencia".

Con todo, lo que aprobó ayer el Pleno fue solicitar que el secretario del Pleno haga un nuevo informe "que tenga en cuenta" los documento elaborados desde la GMU y remitir el expediente al consejo rector para que vuelva a ser aprobado y, posteriormente, dictaminado por la comisión de Urbanismo. La decisión, además, tendrá que ser ratificada en un Pleno que se celebrará "antes del 30 de diciembre", previsiblemente el mismo día que está previsto el de presupuestos.

La retirada del punto original impidió por tanto que se produjeran las intervenciones que estaban previstas sobre este asunto por parte del sindicato UGT y de la plataforma Aire Limpio. Unos y otros estuvieron presentes en el Pleno, pero finalmente no pudieron intervenir.

El asunto de Cosmos sigue generando polémica por las dos posturas fuertemente enfrentadas que existen, la de los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo y la de los colectivos que defienden que la actividad que se genera no es adecuada para una fábrica que se integra en el casco urbano.

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