La Junta baraja dar pisos sólo a algunos parcelistas ilegales de Medina Azahara

  • El Gobierno andaluz realizará un estudio "individual" de cada propietario que refleje su situación socioeconómica, el año de construcción de la casa y si existen diligencias judiciales

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La Junta de Andalucía no medirá con el mismo rasero a cada uno de los 300 parcelistas de Las Pitas, la única urbanización ilegal radicada en la zona protegida de Medina Azahara que aún carece de los servicios básicos de luz y agua. Así lo dejó entrever ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, al referirse a algunas de las medidas que plantea el Gobierno autonómico para solucionar una situación que podría desembocar en la expropiación y derribo de estas casas. La concesión de pisos de protección oficial (VPO) para estos parcelistas fue una de las actuaciones que dio a conocer el Ejecutivo de Manuel Chaves hace dos años, pero Espadas matizó ayer que las soluciones que se adopten "no serán las mismas para todos". El consejero aclaró que, en el caso de optar por esta vía, sólo se beneficiarán las familias que realmente lo necesiten.

Lo que parece claro a estas alturas es que la Junta actuará de manera contundente y que no se le pasa por la cabeza echar marcha atrás en su objetivo de acabar con las parcelaciones ilegales ubicadas en el ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. La primera decisión contraria a los intereses de los titulares de estas casas fue la redacción de un informe -de carácter vinculante- en el que se oponía a la dotación de los servicios básicos. Casi dos años después de tomar aquella decisión, el Ejecutivo de Chaves rechaza también que algunos parcelistas puedan optar a una de las VPO que podría ofrecer para compensar la probable pérdida de los inmuebles.

La solución que se tome en estos 300 casos depende de los resultados del informe "individual" que tienen previsto hacer la Junta y el Ayuntamiento sobre los propietarios de los inmuebles de Las Pitas. Este análisis, según los datos aportados por Espadas, arrojará datos como la situación socioeconómica de cada parcelista, la existencia de diligencias judiciales y la antigüedad de la vivienda en cuestión. En este sentido, el consejero manifestó que "recibirán un mejor trato, por ejemplo, las personas que sólo cuenten con esa vivienda y que además carezcan de recursos económicos para afrontar una nueva compra".

Mientras se opta por una u otra solución, el responsable autonómico en materia de Vivienda y Ordenación del Territorio concretó que la Junta vigilará para que no se edifiquen más casas en este espacio de la ciudad. El responsable del Gobierno andaluz añadió que controlará cada movimiento que se produzca en Medina Azahara con objeto de "velar por el cumplimiento de la legalidad". El representante de la Administración autonómica detalló así que "no se favorecerá la consolidación de las parcelas".

Espadas recalcó también que estas casas no contarán con servicios básicos, una demanda vecinal histórica que llegó a contar con el respaldo de IU y el PP en el Pleno municipal pero que se topó con una negativa tajante por parte de la Junta. El cariz que ha tomado la situación ha llevado además a la formación de una comisión técnica, en la que, junto a los responsables de las administraciones local y andaluza, estarán presentes los representantes de los colectivos vecinales de esta parcelación. Esta inclusión responde a una petición expresa que realizó el Defensor del Pueblo, José Chamizo, al entender que ellos son parte del problema y, por tanto, deben valorar las soluciones que se vayan planteando.

Los propietarios ya se rechazaron hace dos años la posibilidad de que la Junta les compensara la pérdida de su vivienda con la adquisición de una VPO.

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