DEFENDER todo espacio público inmatriculado. Ese es el objetivo del equipo de gobierno de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba. Lo dijo el responsable de Vía Pública del Consistorio, Emilio Aumente, tras anunciar la decisión de la Junta de Gobierno Local de que la plaza de la Fuensanta, conocida como el Pocito, pasará a ser un bien de titularidad municipal. De esta manera se cierra, por el momento, el expediente abierto en el anterior mandato para clarificar si este espacio tan cordobés es público o, por el contrario, es propiedad de la institución que lo registró a su nombre, en este caso el Cabildo Catedralicio de Córdoba. Para tomar esta decisión, primero ha habido que rechazar las alegaciones de la entidad eclesiástica, que aportó una serie de documentos en los que defendía que se trata de un lugar del que es titular desde hace varios siglos.

El propio Aumente dejó claro que éste es el primero de los bienes sobre los que se toma una decisión de este calado, pero que no será el último, ya que el Consistorio considera que puede haber más bienes en una situación parecida al de la plaza de la Fuensanta. Del análisis de lo ocurrido el viernes tras la decisión de la Junta de Gobierno Local se pueden extraer varias conclusiones. La primera, y que no es baladí, que el principal partido de la oposición, en este caso el PP, está a favor de la resolución. Es más, el viceportavoz de la formación, José María Bellido, considera "positivo para la ciudad" ese gesto y recuerda que de esta forma se culmina el trabajo iniciado por el anterior equipo de gobierno popular "para declarar pública la Plaza de Nuestra Señora de la Fuensanta". Lógicamente, aprovechó la ocasión para reivindicar que "es importante destacar que en esta ocasión los actuales responsables municipales han aprovechado el trabajo anterior para culminar un proceso que beneficia a la ciudad, una forma de proceder que deberían aplicar a otros asuntos".

Pero detalles al margen, la parte positiva del asunto es que al menos en una cosa los principales grupos políticos de Capitulares están de acuerdo. Parece que lo tienen claro y, de cara a los ciudadanos, es relevante que se produzca unanimidad institucional a la hora de abordar un asunto tan sensible como el de las inmatriculaciones, puesto que aporta credibilidad a los argumentos que esgrime el Ayuntamiento.

Por otro lado, habrá que ver cuál es la postura del Cabildo Catedralicio, que por el momento, parece muy alejada de lo que son las pretensiones del Ayuntamiento. El portavoz de la institución católica, José Juan Jiménez Güeto, dijo nada más conocer la resolución que están dispuestos a dialogar lo que haga falta, pero eso sí, dejando claro de entrada que la Iglesia es la propietaria de esos terrenos. O mucho cambian las cosas, o las diferencias entre las partes acabarán en los órganos de Justicia, que a buen seguro serán -si nadie lo remedia- los que decidan al respecto. La verdad es que la vía judicial supone un riesgo, ya que el asunto puede demorarse durante años y eternizarse si el Consistorio o el Cabildo recurren a otras instancias.

Otro aspecto por dirimir si esa unanimidad que se ha visto en este primer envite de la plaza del Pocito se mantendrá cuando se aborde la titularidad de otros espacios, como es el caso del Arcángel San Rafael, o no digamos ya cuando se hable de la Mezquita-Catedral, por poner sólo dos ejemplos. Lo que está claro es que a mayor unidad muestren los señores capitulares en estos temas, mucho más sosegado será la discusión, y el riesgo de abrir un debate -artificial en algunos casos- entre buenos y malos será de menor intensidad. Por ahora, sólo se han escrito unos cuantos párrafos del capítulo primero de las inmatriculaciones, pero que nadie se asuste, que habrá más. Esto no ha hecho más que empezar.