El tribunal reprocha a Magdalena Álvarez que fue "consciente" del cambio de las subvenciones

  • La Audiencia reconoce que no pudo conocer los reparos de la Intervención, peor cree que eso "no es óbice para estimar que tenía pleno conocimiento de la utilización de las transferencias contra legem"

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La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido alegando que "ni conoció ni pudo conocer" el fraude. La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido alegando que "ni conoció ni pudo conocer" el fraude.

La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido alegando que "ni conoció ni pudo conocer" el fraude.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla también ha desestimado el recurso de la ex consejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez contra el auto por el que fue procesada en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos, al estimar que la también ex ministra de Fomento fue "consciente de la radical modificación en el tratamiento de las subvenciones para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis" entre los años 2000 y 2001 mediante las modificaciones presupuestarias y de la introducción de las transferencias de financiación en las sucesivas leyes de Presupuestos a partir de 2002.

En un auto, el tribunal considera que Magdalena Álvarez -que fue consejera entre 1994 y 2004- puede considerarse una "experta" en materia presupuestaria, dado que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, y en 1979 accedió al cuerpo de inspectores de finanzas del Estado, y además de ser "una de las máximas responsables en la elaboración de los presupuestos", presidía la comisión delegada de Asuntos Económicos.

Los magistrados de la Sección Séptima destacan que la ex consejera intervino en los acuerdos del Consejo de Gobierno en los que fueron aprobados los proyectos de la ley de Presupuestos que se enviaban al Parlamento de Andalucía, "siendo conocedora de que las transferencias de financiación que se remitían bajo ese nombre dentro del programa de Relaciones Laborales, no se ajustaban al concepto legal de transferencia de financiación, sino que se estaban sometiendo a aprobación parlamentaria unas transferencias que actuaban en realidad como auténticas subvenciones, tramitándose bajo un rótulo que encubría su naturaleza subvencional", por lo que concurren "indicios suficientes" para imputar estos hechos que revisten los caracteres de un delito prevaricación, ya que participó en los acuerdos del Consejo de Gobierno que aprobaban los proyectos de ley de presupuestos y modificaciones presupuestarias que incluían las transferencias, a sabiendas de la grosera vulneración de la normativa en materia de subvenciones a empresas privadas", precisa el auto.

La Audiencia, al igual que ha hecho en otros recursos de alguno de los imputados que han sido rechazados, confirma que las transferencias de financiación "en absoluto pueden ser utilizadas, como parece que lo han sido, para otorgar ayudas a empresas privadas, puesto que toda la normativa, tanto autonómica como estatal, establece que las ayudas a empresas privadas se rigen por las correspondientes leyes de subvenciones", y añade que como "responsable máxima de la Consejería de Economía y Hacienda" durante esos diez años su participación en la elaboración de los anteproyectos de la ley de Presupuestos de los años 2000 a 2004 "no se puede cuestionar".

El tribunal admite que Magdalena Álvarez "no tuvo conocimiento de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que ponían de manifiesto el uso perverso y contra legem de las transferencias", puesto que el primero de estos informes que incluían los reparos se emitió en 2005, cuando ya no era titular de la consejería, pero esta circunstancia "no es óbice para estimar a nivel provisiorio que tenía pleno conocimiento de esa utilización de las transferencias contra legem".

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla también ha desestimado el recurso de apelación del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, al considerar que hay indicios de que tenía conocimiento de la "utilización perversa de las transferencias de financiación", por cuanto Zarrías "estuvo al tanto y participó" en reuniones para solventar los problemas de varias empresas, entre las que destaca Hijos de Andrés Molina, que precisamente dio lugar a la implantación del sistema de las transferencias de financiación, "vulnerando de manera grosera y patente la normativa sobre subvenciones que hasta el momento correctamente se estaba aplicando".

Zarrías reconoció que participó en varias reuniones sobre Hamsa pero dijo que antes de la creación de la partida 440.01 -la de las transferencias-, perdió el contacto con la empresa, pero esto, para los jueces, "chirría que en su condición de político destacado estuviera siempre al tanto de las vicisitudes de la crisis de la principal empresa de la provincia de Jaén, y se desentendiera del problema cuando la crisis llegó a su punto crucial. También sorprende que la desconexión se produjera cuando se solucionó la crisis que dio lugar a la utilización contra legem de las transferencias y se implantó un sistema ilegal de subvenciones".

Dicen los jueces además que a la reunión de la comisión general de viceconsejeros, el conocido como "consejillo" que presidía el consejero de la Presidencia, se llevó en diciembre de 2000 y enero 2001 una propuesta de proyecto de decreto para regular la concesión de las ayudas cumpliendo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, lo que constituye un dato que "refuerza la hipótesis de que Zarrías era consciente del uso espurio y contra legem de las modificaciones presupuestarias".

Y además, Zarrías tuvo conocimiento de los "clamorosos incumplimientos" de la ley de subvenciones a través de las memorias de control financiero de las empresas de la Junta que la Intervención General remitía anualmente al Consejo de Gobierno, para que éste confeccionara con conocimiento de cauda el programa anual de control financiero de estas empresas.

Por último, la Sala señala sobre Zarrías que el ex consejero admitió en su declaración los contactos que tuvo con el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, para solventar algunos de los problemas económicos de la zona de Jaén, dadas las "importantes funciones que éste desempeñaba en el ámbito sindical", por lo que "no resulta razonable" que Lanzas no pusiera al tanto a Zarrías de sus gestiones y de las soluciones adoptadas en orden a prestar las ayudas económicas a la empresa, y en concreto sobre la forma de resolver el pago de las prejubilaciones.

En cuanto al recurso del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, la Audiencia rechaza la alegación de que el delito de prevaricación habría prescrito -al haber pasado más de diez años entre la posible comisión del delito y su imputación al ex alto cargo, porque se le imputan delitos continuados de prevaricación y malversación por una cuantía muy superior a los 450.000 euros, por lo que el plazo de prescripción es de 15 años y no se habría cumplido.

Viera alegó que no se le podía reprochar que confiara plenamente en su equipo técnico a la hora de buscar una  fórmula legal y ágil para solucionar los conflictos planteados a nivel socio-laboral, pero el tribunal le reprocha que en su caso hay "indicios severos sobre la concurrencia del elemento subjetivo que se cuestiona en ambos delitos".

Para la Audiencia, "parece que Viera era conocedor y ejecutor del nuevo sistema" por el que se concedían las ayudas e intervino como consejero en los acuerdos del Consejo de Gobierno que aprobaron siete modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001, cuyo importe fue a parar a la nueva partida presupuestaria. Y además, Viera "presuntamente participó en la fase de adjudicación o concesión de las ayudas a las empresas de la zona de la Sierra Norte de Sevilla, a tenor de lo que figura en las actuaciones, y en concreto de las manifestaciones que en su día prestó el director general de Trabajo durante su mandato, Javier Guerrero, entre otros".

En cuanto al recurso de la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo, la Audiencia subraya que la misma tenía "conocimiento directo" del informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003 emitido por el interventor general de la Junta, en el que se "ponía de manifiesto la ilegalidad clamorosa que se estaba produciendo mediante las transferencias de financiación tan reiteradas".

Por último, sobre el recurso del ex consejero de Innovación y presidente del IFA/Idea Francisco Vallejo, la Audiencia señala que "no es razonable su tesis, que supone que el propio presidente del IFA/Idea desconocía el uso perverso de las transferencias de financiación", porque legalmente tenía atribuidas competencias decisivas en la elaboración del presupuesto de la agencia y al ejercer esas competencias "tenía conocimiento directo" de los reparos de la Intervención General de la Junta.

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