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Un día después de que el pasado martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobara un estudio denunciando que la Justicia en la comunidad tiene un déficit de personal de 1.719 funcionarios, los apoyos en el sector han sido contundentes.

El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, declaró ayer a la Ser que, sin perjuicio de resolver las causas más urgentes, los juicios para 2009 se reducirán a la mitad. Rabasa añadió que "los que no se queden señalados, pues se quedarán pendientes para el año siguiente y esto en dos años, permítaseme la expresión, revienta". Rabasa aseguró que la Justicia "está desbordada" y los jueces "desasistidos". En su provincia, los responsables de los distintos juzgados coincidieron en que la plantilla es insuficiente y reclamaron 55 plazas más para la capital (23 gestores, 24 tramitadores y ocho de auxilio judicial), y otras cuarenta para el resto de partidos judiciales. El mismo estudio eleva la escasez de personal en hasta 242 personas en la provincia de Málaga o 79 en Huelva.

El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, que desde hace meses viene advirtiendo de los problemas de personal en la Justicia, entregó el martes el documento a la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, y a los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunieron en Granada.

El documento refleja que para cubrir el "alarmante déficit" de 1.719 plazas las delegaciones Provinciales de Justicia sólo pudieron disponer de 1.178 funcionarios de la bolsa de interinos e incluso fue preciso acudir para cubrir esas vacantes a la contratación de 399 trabajadores ante el Servicio Andaluz de Empleo. "Un personal con nula experiencia y sin preparación previa".

El TSJA concluye que la Administración Autonómica padece "un muy alarmante déficit" en la plantilla de funcionarios de justicia que han de proveer los órganos judiciales e incluso "un menos justificado déficit" en su bolsa de funcionarios interinos, con "singular y grave incidencia" en las provincias de mayor número de puestos de trabajo, como Sevilla, Málaga y Cádiz. En cuanto a la responsabilidad del Ministerio de Justicia en este asunto, el documento señala que "la falta de recursos humanos, el estancamiento producido desde la Administración Estatal a la espera de unas definitivas relaciones de puestos de trabajo desde las que construir el modelo de oficina judicial, ha frenado, por no decir paralizado, una política de planificación de personal".