La crisis afectará al sistema de dependencia

  • La ministra Cabrera reconoce que la coyuntura económica puede influir en el despliegue de la ley

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, reconoció ayer que, aunque su Departamento financiará el sistema nacional de dependencia, la crisis podría influir en la puesta en marcha de este derecho. Tras presidir el Consejo Territorial del Sistema de Dependencia y la Conferencia Sectorial de Política Social, Cabrera aseguró que, "tal y como ha dicho el presidente del Gobierno en más de una ocasión se garantizará la continuidad de los compromisos en las políticas sociales".

Sin embargo, puntualizó, "eso no quiere decir que la coyuntura económica que atravesamos actualmente no tenga algún tipo de influencia en el despliegue de la Ley de Dependencia", aunque la intención del Gobierno y del ministerio es "cumplir con la financiación a la que le obliga la memoria económica de la ley".

Tras presidir sendas reuniones, Cabrera valoró "la voluntad de coordinación y cooperación" de las comunidades autónomas, con las que ayer mantuvo un "debate muy instructivo".

Respecto al Consejo Territorial de la Ley de Dependencia, Cabrera explicó que las autonomías y el ministerio han hecho un balance de este año y medio de desarrollo de la ley en el que todas las administraciones han puesto "enormes recursos y empeño". "Es una ley muy ambiciosa con la que el Gobierno tiene el más absoluto de los compromisos" y, aunque las comunidades "echen sus cuentas, yo también las echo, y estamos haciendo todos un enorme esfuerzo para poner en marcha este nuevo derecho".

En esa reunión han acordado "dar un nuevo impulso a la ley" y aumentar la coordinación, la transparencia de las cuentas para garantizar los principios de igualdad y calidad del servicio. En cuanto a la acreditación de los centros y el copago han acordado retrasar la negociación de ambos temas para este otoño. El Consejo Territorial ha aprobado además el reparto de 241 millones de euros para financiar servicios y prestaciones de la Ley, que forman parte del compromiso total presupuestario del Gobierno para este ejercicio, que asciende a 871 millones de euros.

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