Más de 26.800 condenas por delitos contra la seguridad vial en siete meses

  • Desde que entró en vigor, en diciembre de 2007, el nuevo Código Penal, cien personas han ingresado en prisión · Las sentencias podrían ascender a más de 50.000 a final de año, según datos de la Fiscalía

Al menos cien personas han ingresado en prisión para cumplir penas por delitos contra la seguridad vial de los 26.820 conductores condenados desde que entró en vigor, en diciembre de 2007, el nuevo Código Penal, que castiga con penas de cárcel los delitos contra la seguridad del tráfico.

Así lo anunció ayer en rueda de prensa el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que explicó que esos cien conductores han ingresado en prisión por reincidencia o por hechos de "singular gravedad" relacionados con el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol o drogas o sin haber obtenido el carné.

No obstante, Vargas precisó que el número de presos a los que se imputa otros delitos contra la seguridad vial -como el homicidio imprudente- ha pasado de 1.578 en enero a 1.741 en junio, aunque advirtió que en la mayoría de los casos "junto a la infracción penal de tráfico concurren otros delitos, con frecuencia de mayor gravedad".

El fiscal, que ha augurado que las sentencias condenatorias por delincuencia vial podrían ascender a más de 50.000 a final de este año, destacó que el 5% de los conductores condenados son reincidentes, personas que, a juicio de Bartolomé Vargas, ofrecen una "específica peligrosidad" y obligan a que se realice un "especial seguimiento".

Además, 25.208 de las sentencias condenatorias - es decir, el 94%- han sido de conformidad, lo que supone el "inmediato dictado de sentencia y ejecución" de la pena, según apuntó el fiscal, que también destacó las 787 retiradas provisionales del permiso de conducir efectuadas durante la tramitación de los procedimientos. Un 4% de las condenas se tramita por diligencias previas, lo que alarga el proceso entre cuatro y diez meses, apostilló Vargas.

El informe elaborado por la Fiscalía de Seguridad Vial subraya, además, que de las 26.820 sentencias condenatorias, sólo 230 corresponden a delitos por exceso de velocidad, algo que, según Vargas, se debe a que el Código Penal ha establecido límites "muy altos".

"No hay tanta gente que supere los 200 kilómetros por hora en carretera o los 110 kilómetros en ciudad", señaló Vargas, que también apuntó el efecto disuasorio de la norma penal y los "medios fraudulentos" con que algunos conductores evitan el control de los radares para explicar el escaso número de condenas por este delito.

"No es infrecuente la compra de coches con inhibidores ilegales de radares o el ocultamiento de la matrícula con cierto tipo de sustancias. Es una realidad que existe, pero en una cifra negra y oculta", explicó el fiscal, que valoró el "esfuerzo tecnológico" que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emprendido "para adelantarse a esa picaresca".

Aunque no especificó cifras, Vargas destacó el aumento de las condenas por delitos de conducción temeraria, entre los que se incluyen las carreras ilegales, infracciones que "ya han sido objeto de enjuiciamiento" y que serán objeto de evaluación en una "precisa estadística" a finales de año, según anunció durante la rueda de prensa.

Así las cosas, en la actualidad la mitad de los juicios rápidos que se celebran en los juzgados de guardia españoles tienen que ver con delitos contra la seguridad vial. Pero, pese a la cifra de procedimientos y el "incremento sustancial" de demandas, el fiscal de Seguridad Vial ha considerado que la aplicación de la reforma penal "no está produciendo disfunciones" en el normal funcio namiento de tribunales y juzgados, algo que ha atribuido principalmente al procedimiento de los juicios rápidos.

"Sin este modelo procesal hubiera sido inviable la aplicación de los preceptos penales sobre delincuencia vial", aseveró Vargas, que ha cifrado en 24.716 los juicios rápidos por seguridad vial celebrados desde el pasado diciembre, lo que supone el 93% de los procesos tramitados.

Por otro lado, el porcentaje de positivos por consumo de drogas alcanza el 4,97% de los conductores, superior incluso al de consumo de alcohol, según los controles realizados durante 2008 en Badajoz, Oviedo, Zaragoza, Jerez y Madrid en el marco del programa europeo DRUID (del inglés Driving under influence of Alcohol and Drugs, conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas) y por el que se analiza la presencia de estupefacientes en saliva por policías judiciales con preparación científica. De los 1.672 conductores parados por las autoridades en carretera , el 0,18% se negó a someterse a la prueba, tal y como explicó Vargas.

Como valoración general, el fiscal aseguró que la aplicación diaria de la reforma de la ley penal, que el próximo 2 de agosto hará ocho meses que entró en vigor, está fomentando una "cultura de respeto" a las normas de tráfico por parte de los conductores. Advirtió que sólo queda pendiente que las instituciones implicadas encuentren en los próximos meses los medios oportunos para poder desarrollar la pena de trabajos en beneficios de la comunidad.

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