Las personas con trastorno mental ven vulnerados sus derechos y denuncian "los tratos inhumanos o degradantes que siguen sufriendo" en España, con "ingresos involuntarios o esterilizaciones forzosas".

Estas son las principales denuncias de las personas que sufren este tipo de trastornos en el "Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las personas con trastorno mental en España 2017", elaborado por la Confederación Salud Mental España, a partir de las denuncias recogidas por su asesoría jurídica en 2017.

El 75% de las mujeres con problemas de salud mental ha sufrido violencia de género

En el informe se insta a prevenir y eliminar la discriminación, ya que, según se señala, estas personas constituyen uno de los colectivos más susceptibles de sufrir situaciones de "exclusión, discriminación, explotación y desigualdad".

Según Nel González Zapico, presidente de la Confederación, en España aún "se siguen produciendo acontecimientos que deberían estar superados" y, según la asesora jurídica de la confederación, Irene Muñoz, se ve como normal lo que en realidad constituyen graves vulneraciones de derechos humanos. Eso da a lugar, según Muñoz, al estigma "que alimenta el prejuicio y conduce a conductas discriminatorias". En concreto, en el capítulo "Derecho a la libertad y seguridad", se denuncia lo que es "una práctica habitual": "los tratamientos forzados y la medicación administrada sin el consentimiento de la persona o en contra de su voluntad, así como la denominada 'terapia electroconvulsiva' y medidas restrictivas como el ingreso involuntario, los aislamientos o las contenciones mecánicas".

Además, tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido este tipo de violencia. "Todavía no existen recursos de acogida específicos para personas con trastorno mental", denuncian. Según Muñoz, "las mujeres con problemas de salud mental se encuentran en ese estadio de la lucha por sus derechos en el que se cuestiona sistemáticamente su condición de víctimas bajo argumentos tales como que su relato no es veraz debido a su problema de salud mental".

Se denuncia que no haya protocolo de actuación único, ni normas a nivel estatal, y se recogen como ejemplos de vulneraciones el fallecimiento de varias personas a las que les habían aplicado contenciones mecánicas en Asturias y Galicia, así como la falta de asistencia psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.