El presunto amaño de las oposiciones a bombero en la Diputación de Córdoba ha irrumpido de lleno en el debate político de la institución provincial. Tras dos semanas de declaraciones más o menos suaves y palabras medidas desde que se hiciera pública la imputación de más de 20 personas por un presunto caso de enchufismo de interinos, la celebración de la sesión plenaria ordinaria del mes de abril funcionó el pasado miércoles para que todos los partidos pusieran sus cartas sobre la mesa. Se acabaron los llamamientos a la prudencia: no hay que olvidar que las elecciones municipales se encuentran a la vuelta de la esquina y es el momento de echar toda la carne en el asador.

Durante el debate se vivieron momentos delirantes y difíciles de narrar. Como llevaba anunciando desde que el caso estallara, el PP presentó una proposición en la que instaba a la vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, la diputada socialista Dolores Amo, a comparecer ante la corporación para explicar su presunta implicación en el caso y para ofrecer aclaraciones sobre lo acaecido. Hasta el momento, el grupo del PSOE había defendido la necesidad de respetar los tiempos de la Justicia para mantenerse en una situación de cautela, pero sorpresivamente, en el mismo Pleno, defendió una moción de sustitución firmada por el conjunto de los grupos, a excepción del PP, en la que Amo se ofrecía a aclarar la situación. El grupo de Andrés Lorite, como era de prever, la rechazó, de manera que al final salió adelante la firmada únicamente por el PP; eso sí, respaldada por todos los grupos, incluido el PSOE.

Buscar un buen titular puede ser clave a estas alturas, pues no es lo mismo escribir que el PP forzó la declaración de Amo ante el Pleno a decir que la vicepresidenta se ofreció voluntariamente. Lo cierto es que la comparecencia para explicar qué ha podido ocurrir de nuevo en el Consorcio es una obligatoriedad, sobre todo por la necesaria transparencia que ha de regir en todos los organismos públicos. Al final, la declaración de Amo será en el Pleno del mes de mayo y el propio presidente de la Diputación y el Consorcio, Antonio Ruiz, tratará mañana el asunto en la junta general de la entidad, convocada con este único punto en el orden del día.

"Hay 22 investigados en unas diligencias previas, entre ellos la vicepresidenta y el gerente. En ese momento estamos", incidió Ruiz durante el Pleno, como dando a entender que poco más se va a poder decir ante el plenario. Y advirtió: "Cuando se pone toda la carne en el asador en un momento tan previo como éste, corre uno el riesgo de que luego tenga que pedir disculpas". Lorite, por su parte, le espetó una batería de preguntas: "¿Considera que se han cumplido los requisitos de igualdad, capacidad y mérito para los más de mil candidatos? ¿Ha conocido ya el contenido del auto? ¿Cree que es incierto lo recogido en el auto judicial? ¿Qué actuaciones ha desarrollado para aclarar los hechos? ¿Por qué no se ha reunido con la junta de personal? ¿Ha mantenido algún contacto con el tribunal para aclarar los hechos? ¿Ha dado instrucciones para que la Diputación se persone? ¿Va a asumir el servicio jurídico de la Diputación la defensa de los investigados?".

Con este caldo de cultivo y estos ánimos, la comparecencia de Amo tiene más visos de parecerse a un tercer grado que a una cita estrictamente política. No hay que olvidar, sin embargo, que el empeño de un representante público no debe ser el de buscar culpables o defender inocentes, una situación más propia de otros regímenes. Para eso, en nuestro Estado de Derecho, está la Justicia. Y no se pude suplantar. Será un juez quien dicte sentencia. Y el veredicto definitivo desde el punto de vista político saldrá de las urnas por muy largo e incisivo que sea el interrogatorio a Amo en el Palacio de la Merced o por muy poco o por mucho que la vicepresidenta esté dispuesta a decir.