La previsión de un aumento de las principales cosechas en un 20% para la próxima campaña y la disminución del desempleo en el ámbito rural han llevado a las organizaciones agrarias a demandar por primera vez desde 2009 que se autorice contingente de mano de obra extracomunitaria en Córdoba, según ha determinado la Comisión Provincial de Flujos Migratorios. La jefa de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación, Marta Núñez, subrayó que el Gobierno colaborará "de manera intensa", al mismo tiempo que se esforzará por "salvaguardar que la contratación en origen no vaya en detrimento del mercado laboral de la provincia".

Presidida por el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, en la comisión participaron funcionarios de la Inspección de Trabajo, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Servicio Andaluz de Empleo, así como representantes de organizaciones sindicales y organizaciones agrarias. Todas estas estuvieron de acuerdo en que el contingente extracomunitario será imprescindible para la campaña 2018-2019, mientras que CCOO y UGT se opusieron al entender que el desempleo es todavía elevado en numerosos municipios cordobeses.

CCOO y UGT se oponen al entender que el desempleo en el ámbito rural aún es elevado

El presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja), Ignacio Fernández de Mesa, razonó que ya en la actual campaña algunos socios comunicaron las "dificultades" para reunir cuadrillas para la recolección del cítrico, la aceituna e incluso el ajo. Fernández de Mesa explicó que se trata de una medida "muy costosa" para los empresarios, que deben afrontar el desplazamiento y la manutención de los jornaleros, pero que aun así es "imprescindible". Ucrania, Marruecos, Gambia, Guinea, Senegal, Filipinas, Paraguay o Argentina es el origen de este contingente, que debe contar con el visto bueno del Gobierno central. A partir de ahora, serán los propios empresarios quienes calculen qué mano de obra requieren.

El secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Miguel Cobos, calculó que el campo cordobés requerirá 500.000 peonadas más en el próximo año agrícola, fundamentalmente porque se producirá un 20% más de cítrico y de olivar. "Ya este año ha sido complicado juntar algunas cuadrillas", aseguró Cobos, quien advirtió de las dificultades que tendrán los olivicultores en la próxima campaña. Y es que, si las previsiones se cumplen, la recolección se alargará de unos 20 ó 30 días a aproximadamente 50. Este repunte llega en un momento de recuperación económica, apreció el portavoz de la UPA. Así, desempleados de los servicios o la construcción que habían recurrido al campo como refugio durante los años más duros de la crisis económica, empiezan a encontrar acomodo en sus antiguas ocupaciones. "La conclusión es que el contingente extracomunitario va a ser imprescindible para asumir toda la demanda", advirtió.

La Comisión Provincial de Flujos Migratorios analizó la pasada campaña agrícola 2017-2018 y dio a conocer diversos datos registrados entre los meses de septiembre y marzo. En total, se contabilizaron 182.818 contratos en el sector agrícola, mientras que las jornadas reales se situaron en 2.487.873. Respecto a los datos del paro a fin de campaña, se registró un descenso del desempleo del 10,75% en el sector.

Por su parte, los sindicatos presentes en la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, CCOO y UGT, se posicionaron en contra de la petición formal del contingente extracomunitario. Así, el secretario provincial de Industria de CCOO, Rafael Morales, advirtió de que "mientras que existan desempleados en el campo cordobés no vamos a admitir esta medida". "No es de recibo que trabajadores de Córdoba se trasladen a la vendimia francesa porque aquí no hay trabajo y traigamos a personas de fuera", se opuso Morales. CCOO anunció que en próximos días abordará el asunto en mayor profundidad.

En otro orden de cosas, la comisión hizo una valoración positiva de la implantación de la denominada Guía conduce, "documento que deben portar los transportistas de fruto durante la campaña a fin de acreditar tanto el origen como el destino y evitar así posibles fraudes", recordó el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado. Se trata de una medida encaminada a controlar la venta de fruto robado.