Desde el pasado 1 de julio, los ayuntamientos que tengan contratados más de 10 kilovatios de luz no podrán acogerse a las tarifas de último recurso que marca la Administración, según la portavoz de IU en la Diputación, Elena Cortés. En lugar de estas tarifas que estipulan máximos y mínimos, los ayuntamientos tendrán que negociar con las comercializadoras privadas el precio a pagar, "quedando estos bajo los intereses de las empresas", dijo Cortés. Por ello, la coalición pedirá al próximo Pleno de la institución provincial -que se celebrará el próximo miércoles- "un aplazamiento del plazo fijado para que los ayuntamientos puedan responder a la nueva situación, que se suspendan las penalizaciones y que los servicios municipales puedan entrar en la tarifa de último recurso". También demandarán que se lleven a cabo las moratorias en las hipotecas de los parados y que la Empresa Pública del Suelo ejerza el derecho de tanteo para que los primeros propietarios puedan alquilar estas casas.