La Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cerró 2017 con el 75% de los municipios cordobeses regularizados tras proceder el pasado ejercicio a la inspección de 15 términos -Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Los Blázquez, Carcabuey, Doña Mencía, Espiel, Fuente Obejuna, Fuente Palmera, Fuente Tójar, Hinojosa del Duque, Monturque, Palenciana, Posadas, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba-. Este programa estatal de regularización catastral supone, en la práctica, la subida del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así, de las 75 localidades cordobesas, ya han sido inspeccionadas 60.

Fuentes de Hacienda informaron de que el procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, cuando los vecinos incumplen la obligación de declarar de forma completa y correcta altas o modificaciones en sus propiedades. Este procedimiento se desarrolla desde el año 2013 en todo el país -excepto en el País Vasco y Navarra- y, desde entonces, en la provincia de Córdoba han sido 60 los municipios donde la regularización ha finalizado.

En estas inspecciones, el 58% de los casos de fraude detectados se deben a ampliaciones o rehabilitaciones que se llevan a cabo en las viviendas, pero de las que no se deja constancia. Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas detallaron, además, que el 28% de estos casos de fraude se deben a nuevas construcciones sin declarar, mientras que el 10% se debe a que los propietarios no indican las reformas y los cambios de uso que se han dado una vivienda -con lo que adquieren un mayor valor-. Por último, un 4% se debe a que no han declarado la construcción de una piscina. En Córdoba, el más de medio millón de inspecciones realizadas ha dado como resultado la regularización de 76.803 inmuebles urbanos y rústicos.

La iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El departamento que dirige Cristóbal Montoro explicó que el proceso -cuando el usuario no está acuerdo con la resolución- es gratuito. En la provincia, se han registrado un 13% de alegaciones, mientras que en España la tasa media es algo inferior, del 9%.

Los efectos de la incorporación al Catastro, tanto de los inmuebles como de las alteraciones, se producen desde el día siguiente a la inspección. La regularización de la descripción de los bienes está sujeta a una tasa de regularización, cuya cuantía es de 60 euros por cada uno de los inmuebles. Esta tasa debe ser abonada por el propietario, detalló Hacienda.

De manera paralela a las inspecciones que de oficio lleva a cabo la Dirección General del Catastro, hay municipios que de manera voluntaria solicitan al Ministerio actualizar los valores catastrales. Durante 2017, fueron 16 las localidades que revisaron sus coeficientes: Almedinilla, Córdoba capital, Encinas Reales, Fuente Palmera, Guadalcázar, Iznájar, La Victoria, Luque, Montalbán, Montemayor, Montilla, Nueva Carteya, Palenciana, Palma del Río, Puente Genil y San Sebastián de los Ballesteros.

La capital no revisaba sus valores catastrales desde 1995, según la información facilitada por Hacienda, mientras que Palma del Río lo hizo en el año 2009. Los requisitos son que para poder hacer esta revisión deben haber transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los últimos y que haya "diferencias sustanciales" entre el mercado y los valores vigentes. Fuentes ministeriales informaron de que, como resultado de estas inspecciones el incremento medio del recibo del padrón del IBI es de un 5,41% en los municipios terminados.