Un convenio con CajaSur posibilita la apertura de la residencia Santa Magdalena

  • El nuevo geriátrico, que permanece cerrado desde que finalizaron sus obras en 2003, dispondrá de 36 plazas

El Pleno municipal de Fuente Palmera aprobó -gracias a los votos del PSOE y del Olivo- una addenda al convenio firmado entre CajaSur y el Ayuntamiento hace siete años para regular el funcionamiento de la residencia de ancianos Santa Magdalena. Además, también se ratificó el nombramiento de los tres miembros del Consistorio que formarán parte del órgano gestor de la futura residencia junto a los tres elegidos por CajaSur. En el caso del Ayuntamiento serán el alcalde, Juan Antonio Fernández (PSOE); la concejal de Servicios Sociales, Dolores Ruiz (PSOE) y el portavoz del Olivo, Francisco López de Ahumada.

El primer edil explicó que este órgano gestor se reunirá próximamente para redactar el pliego de condiciones que regirá los términos de la cesión de las instalaciones a una empresa que la gestione. "Este pliego tendrá que pasar después por Pleno para su aprobación así como por la asamblea general de CajaSur", explicó Fernández. La residencia, que permanece cerrada desde que finalizó la obra en el año 2003, contará con 36 plazas y otras 26 más de estancia diurna.

El regidor municipal ya anunció su intención hace unos meses de abrir el geriátrico antes de que finalizara el presente año. Fernández manifestó que la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero, se había comprometido a agilizar los trámites para poner en servicio la residencia, que, según dijo el propio alcalde, "no se ha abierto antes porque, de los cerca de tres millones de euros que ha costado, el Ayuntamiento aún debía dinero varios proveedores".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU, Manuel Ruda, justificó su abstención en este punto, "ya que este convenio no garantiza ni la propiedad del Ayuntamiento sobre la residencia, ni el carácter social de la misma, ni la proporcionalidad de la representación política en ella". Ruda insistió en que el convenio "lesiona los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos, pues pone en peligro la titularidad pública de Santa Magdalena".

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